El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú aprobó la contratación del estudio internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para asumir la defensa del Estado en el proceso de anulación parcial del laudo arbitral emitido en el caso Enagás GSP.
La medida fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N° 394-2025-EF/43 del 22 de agosto de 2025 y responde a la reciente condena internacional que obliga al país a pagar una de las indemnizaciones más altas de su historia a inversionistas extranjeros.
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Indemnización récord contra Perú
El fallo arbitral del CIADI, emitido en diciembre de 2024 y modificado en mayo de 2025, fijó en más de US$302 millones la compensación a favor de la española Enagás, tras la cancelación del proyecto Gaseoducto Sur Peruano (GSP).
Inicialmente, el monto ascendía a US$194 millones, pero tras una rectificación parcial solicitada por Enagás, el tribunal sumó US$104 millones adicionales.
El trasfondo del caso GSP
El Gaseoducto Sur Peruano fue adjudicado a un consorcio integrado por Enagás y Odebrecht, pero su contrato fue terminado en 2017 en medio de los escándalos de corrupción ligados a la constructora brasileña.
Amparadas en el acuerdo bilateral de inversión entre España y Perú, las compañías llevaron el caso ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial.
Estrategia de defensa del Estado
El MEF destinará S/ 10 millones 181.250 para financiar la defensa jurídica durante los años fiscales 2025, 2026 y 2027. El bufete internacional se encargará de elaborar la estrategia legal, presentar escritos y representar a Perú en todas las instancias del proceso.
El Comité ad hoc encargado de la anulación quedó constituido el 18 de agosto de 2025 e integrado por Carita Wallgren-Lindholm (Finlandia), Milton Estuardo Argueta Pinto (Guatemala) y Lisa M. Richman (Estados Unidos).
Próximos pasos
Dado que los procedimientos ante el CIADI suelen extenderse varios años, se estima que un nuevo laudo se conocerá recién hacia mediados del 2027. En caso se confirme el pago, la indemnización recaería sobre el próximo gobierno.
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes Espejo, subrayó que la contratación del bufete refleja el compromiso del Estado con una defensa técnica y rigurosa para proteger la estabilidad de las finanzas públicas nacionales.
(Con información de Infobae)