El expresidente Pedro Castillo, recordado por protagonizar el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, continúa acumulando derrotas no solo políticas, sino también legales. Esta semana, el Poder Judicial desestimó su demanda de hábeas corpus con la que pretendía apartar a una jueza suprema del tribunal que lo juzga por el delito de rebelión.
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Castillo acusa falta de imparcialidad, pero el Poder Judicial rechaza su pedido
La defensa legal de Pedro Castillo solicitó que se excluya a la magistrada Norma Carbajal, integrante de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, alegando que su participación en apelaciones previas dentro del mismo proceso comprometía su imparcialidad. En específico, se refirieron a tres decisiones judiciales: la confirmación de su detención preliminar, el rechazo a su revisión de prisión preventiva y la denegatoria a una excepción de improcedencia de acción.
Según el recurso, “la imparcialidad del proceso está contaminada” debido a la intervención previa de Carbajal en estas resoluciones de segunda instancia. Por ello, Castillo exigía que la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, designe a otro magistrado y que se ordene a Carbajal inhibirse del caso.
Sin embargo, el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, presidido por la jueza Guillermina Delia Tello Díaz, rechazó la solicitud. En su resolución, el juzgado determinó que la jueza cuestionada solo intervino en aspectos procesales y no en la determinación de responsabilidad penal, por lo que no se vulnera su imparcialidad ni el derecho a la defensa del exmandatario.
“El hábeas corpus no constituye un recurso extraordinario por el cual pueda recalificarse los hechos denunciados”, se lee en el fallo. Además, se remarcó que el recurso no acreditaba una afectación directa a la libertad personal del demandante.
Nuevo intento por anular su vacancia presidencial
A la par de su proceso penal, Pedro Castillo continúa insistiendo en que su vacancia fue ilegal. Hoy, desde las 9:00 de la mañana, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema evaluará tres apelaciones del exgobernante contra la medida aprobada por el Congreso el mismo día de su intento de golpe de Estado.
Castillo busca que se declare nula la votación parlamentaria que lo destituyó, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) ya avaló el proceso en una resolución previa. El TC reconoció que el procedimiento legislativo no siguió todos los pasos formales, pero consideró que la gravedad del intento de cerrar el Congreso, intervenir el Poder Judicial y establecer un gobierno de excepción justificó la decisión para proteger la democracia.
De hecho, el TC fue más allá y concluyó que Pedro Castillo dejó de ser presidente no cuando se aprobó su vacancia, sino en el preciso instante en que leyó su mensaje televisado anunciando el cierre del Congreso y la disolución de los poderes del Estado.
Panorama legal y político complicado
Con este nuevo revés judicial, el escenario para Pedro Castillo se vuelve aún más adverso. Mientras intenta anular su vacancia a través de recursos constitucionales, continúa siendo procesado por rebelión y conspiración. La posibilidad de que recupere el cargo presidencial es legalmente inviable, según analistas, y sus maniobras son vistas como intentos desesperados por frenar el avance del juicio penal.
La justicia ya ha desestimado el argumento de persecución política, y tanto el Congreso como el Tribunal Constitucional han validado su destitución. La insistencia del expresidente en desconocer estos hechos solo prolonga una narrativa de victimización que pierde fuerza ante los evidentes hechos del 7 de diciembre.
(Con información de Infobae)