El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal contra los congresistas que aprobaron su vacancia el 7 de diciembre de 2022, así como contra la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, alegando que su destitución no cumplió los requisitos legales establecidos en el artículo 89-A del reglamento del Congreso.
Según el documento presentado por el Estudio Jurídico Adrianzen, la vacancia se aprobó con 101 votos, pese a que el reglamento exige 104 para un proceso exprés. Este hecho, sostiene la defensa, invalidaría el procedimiento y configuraría presuntos delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal de cargo. Castillo también afirma que no se le permitió ejercer su derecho a la defensa, señalando que “no tuve abogado particular ni de oficio”.
La denuncia incluye a Dina Boluarte por el presunto delito de aceptación ilegal de cargo, al haber jurado como presidenta sin que —según la defensa— se cumplieran los estándares legales para que la vacancia quedara firme.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) ya resolvió este debate. En la sentencia del Exp. 1803-2023-PHC/TC, emitida el 20 de febrero de 2024, el TC estableció que el cese de Castillo no fue constitutivo, sino declarativo: su salida del cargo ocurrió en el momento en que leyó el mensaje en el que anunció el quiebre del orden constitucional e intentó instaurar un gobierno de facto.
Por ello, el Tribunal concluyó que no era exigible el cumplimiento estricto de todo el procedimiento del artículo 89-A, pues este aplica solo en una situación de normalidad constitucional. La vacancia, señaló el TC, respondió a una situación excepcional de emergencia, en defensa del orden democrático.
En consecuencia, la denuncia presentada por Castillo se enfrenta a un marco jurídico previamente zanjado por el máximo intérprete de la Constitución, que ya declaró improcedentes sus reclamos sobre la supuesta ilegalidad del proceso de vacancia.