En los últimos días ha circulado una afirmación que ha generado enorme expectativa entre los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) en el Perú: la presidenta Dina Boluarte habría anunciado que el Ejecutivo respalda el octavo retiro de fondos de las AFP, alegando que esos activos “son el dinero de las familias que trabajan”.
Sin embargo, al revisar fuentes confiables, declaraciones de entidades clave y la legislación vigente, esta versión contra lo que pueden señalar los titulares oficiales no se sostiene con evidencia clara. A continuación, un análisis crítico e informativo.
Discrepancias entre declaraciones oficiales y titulares
- Hasta ahora, no hay ninguna declaración pública oficial de Dina Boluarte que confirme categóricamente ese respaldo al octavo retiro de AFP, con las palabras que se han atribuido. No se ha encontrado cobertura en medios confiables ni en comunicados presidenciales oficiales que respalden la frase exacta “es el dinero de las familias que trabajan” como parte de un anuncio formal de apoyo del Ejecutivo.
- Por el contrario, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha emitido comunicados descartando un nuevo retiro AFP: según declaraciones recientes del ministro Raúl Pérez‐Reyes, “ya no debería haber retiros de AFP. La ley ya no plantea” la posibilidad de un octavo retiro bajo la normativa actual.
- El reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional (vigente desde septiembre de 2024) tampoco contempla la autorización automática de un nuevo retiro: para que fuese legal, el Congreso debería aprobar una norma específica.
Qué dice la normativa vigente de pensiones
- La Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano fue aprobada y promulgada en 2024, y su reglamento fue emitido recientemente. Esa reforma introduce cambios significativos en el manejo de los fondos previsionales.
- Según el MEF, la norma actual no permite retiros adicionales de AFP (como un octavo retiro) salvo que se apruebe una nueva ley que modifique lo que la reforma ya dispone.
- Otro punto normativo importante: la reforma prevé el establecimiento de una pensión mínima de 600 soles para quienes no tengan suficientes fondos acumulados. Esta garantía forma parte del nuevo marco regulatorio que busca proteger especialmente a quienes tienen saldos muy bajos.
Los riesgos sociales y económicos del retiro temprano
- Según informaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los retiros anteriores han dejado a aproximadamente 2,3 millones de afiliados sin fondos suficientes para su jubilación. Esto incrementa la vulnerabilidad a la pobreza en la vejez.
- Un retiro adelantado socava el propósito de las pensiones, que es garantizar protección económica en la tercera edad. Además, los retiros sucesivos pueden desincentivar el ahorro previsional, algo que la ley de reforma pretende fortalecer.
- También existe un costo fiscal: garantizar la pensión mínima implica una carga para el Estado si los ahorros privados son retirados anticipadamente y los afiliados luego dependen del aporte público.
Pasos que faltan para que algo así llegue a concretarse
| Paso | Qué debe pasar | Quiénes están involucrados |
|---|---|---|
| Propuesta legal clara | Presentar y aprobar en el Congreso un proyecto que autorice el nuevo retiro (4 UIT u otra cantidad). | Congresistas que promueven dicha iniciativa. |
| Evaluación técnica | Que el MEF, la SBS y el BCRP emitan opinión técnica sobre efectos fiscales, previsionales y de sostenibilidad. | Organismos del Ejecutivo y entes reguladores. |
| Debate en comisión | Que la Comisión de Economía del Congreso incluya oficialmente el proyecto en agenda, y que se escuche al MEF y otros actores. | Congreso, MEF, SBS. |
| Publicación de norma | En caso de aprobación, promulgar ley; si se aprueba, revisar reglamentos, condiciones, límites. | Ejecutivo, Consejo de Ministros, Presidente. |
Hasta ahora, no se ha visto ninguno de esos pasos completados con claridad en esa dirección, según reportes confiables.
No hay constancia verificable de que Dina Boluarte o el Ejecutivo hayan anunciado formalmente su respaldo al octavo retiro de AFP con las palabras que se han divulgado.
Más bien, lo que se observa es una fuerte contradicción: mientras algunos medios y actores sociales atribuyen al Ejecutivo ese apoyo, los comunicados oficiales del MEF dicen lo contrario, remarcando que la legislación vigente no lo permite.