El gobierno de José Jerí, con respaldo del Congreso de la República, promulgó una ley especial contra las extorsiones que afecta principalmente al sector transporte urbano, uno de los más golpeados por este delito.
La norma fue publicada en el Diario Oficial El Peruano y coincide con un nuevo paro nacional de transportistas convocado para hoy, en protesta por la inseguridad que sufren choferes y cobradores.
Capacitación obligatoria para conductores
El nuevo marco legal establece la capacitación obligatoria para gerentes, propietarios, conductores y cobradores de empresas de transporte, con el fin de que aprendan a identificar y denunciar actos extorsivos.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones implementará programas de formación que fomenten una cultura de denuncia segura y establezcan indicadores para evaluar la eficacia de las medidas.
Supervisión de pagos en efectivo y digitales
Una de las medidas más importantes será el monitoreo financiero de los posibles pagos vinculados a extorsión.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) deberá supervisar que las entidades financieras controlen movimientos relacionados con conceptos como “cupo”, “vacuna”, “aporte”, “seguridad” o “colaboración”, términos comunes usados para encubrir cobros ilegales.
El control se aplicará a cuentas bancarias, transferencias, giros nacionales e internacionales y especialmente a las billeteras digitales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) alertará sobre operaciones sospechosas, mientras que la Policía Nacional (PNP) mantendrá acceso directo a la base de datos de personas investigadas por extorsión y sicariato.
Asimismo, se autoriza la extinción de dominio sobre bienes y fondos usados en estos delitos, lo que permitirá al Estado confiscar e invertir esos recursos en la reparación de víctimas y programas de seguridad.
Creación del Grupo Interinstitucional GIES
La ley crea el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), integrado por especialistas del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Este grupo contará con un régimen especial de seguridad y remuneración, además de evaluaciones con pruebas de polígrafo y revisión semestral de desempeño.
El GIES coordinará investigaciones conjuntas para desarticular organizaciones criminales, rastrear flujos financieros ilícitos y fortalecer la cooperación con agencias internacionales a través del sistema C5i.
Fondo de protección y atención psicológica
La norma también reconoce al transporte público y de carga como un servicio estratégico nacional, por lo que se crea un fondo de riesgo y garantía estatal destinado a proteger vehículos, trabajadores e infraestructura afectados por atentados o amenazas.
Además, se implementarán programas de atención psicológica para las víctimas y planes de reinserción laboral, financiados con los activos incautados al crimen organizado.
El Observatorio Nacional de Extorsión y Violencia Económica recopilará y publicará informes semestrales para evaluar la evolución del delito y orientar futuras políticas públicas.
Con esta ley, el gobierno busca reducir la violencia económica que afecta a miles de transportistas en todo el país y recuperar la confianza en las rutas urbanas.