Mensajes acusan a mandos militares de colaborar con “El Mayito Flaco” y los hermanos Cabrera Sarabia; exigen intervención presidencial.
Narcomantas: una nueva alerta en Sinaloa
La mañana del 8 de junio de 2025, habitantes de los municipios de Rosario, Concordia, Escuinapa y Villa Unión, en el estado de Sinaloa, despertaron con un estremecedor hallazgo: múltiples narcomantas firmadas presuntamente por “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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Las mantas, colocadas en puentes y espacios públicos, contienen señalamientos directos contra mandos militares y una petición formal a la presidenta Claudia Sheinbaum y al nuevo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para investigar vínculos de elementos del Ejército con grupos rivales del narcotráfico.
Graves acusaciones contra el Ejército
Los mensajes denuncian que un teniente, un subteniente y un coronel —cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente— estarían colaborando con Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, así como con los hermanos Cabrera Sarabia, antiguos aliados del Cártel del Pacífico, hoy considerados enemigos de “Los Chapitos”.
Uno de los episodios que motivó la denuncia pública fue un presunto enfrentamiento en la sierra de Rosario, el pasado 2 de junio, donde, según el mensaje, se abandonaron unidades militares blindadas sin justificación, lo cual se interpretó como un acto deliberado para proteger a miembros del grupo contrario.
Los Cabrera Sarabia: un historial de conflicto
No es la primera vez que esta familia es señalada por grupos criminales. En octubre de 2024, narcomantas similares acusaban a José Luis, alias El JL, y a Alejandro, alias El 02, de liderar una ola de violencia en Durango y Zacatecas.
En esos mensajes, también firmados por “Los Chapitos”, se les imputaban delitos como extorsión, asesinatos, tráfico de armas y el control de sectores económicos como las minas y la construcción.
Los Cabrera Sarabia son considerados por agencias como la DEA y la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) como operadores históricos del narcotráfico desde al menos 1996.
Silencio oficial y clima de tensión
Hasta el cierre de esta edición, ni la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ni la Fiscalía General de la República (FGR) han emitido una postura sobre estas narcomantas. Tampoco se han confirmado investigaciones internas respecto a los militares mencionados.
La presidencia de Claudia Sheinbaum se enfrenta así a uno de sus primeros grandes desafíos en materia de seguridad: la descomposición interna en las fuerzas armadas señalada por grupos criminales.
Desde la campaña, Sheinbaum prometió reforzar el control civil sobre las fuerzas federales y garantizar la transparencia institucional. Ahora, estos compromisos son puestos a prueba.
¿Quién investiga a los que deben proteger?
Organizaciones de derechos humanos y analistas de seguridad han advertido sobre el creciente número de casos donde las fuerzas armadas son señaladas de proteger a ciertos grupos del crimen organizado mientras atacan a otros, lo que genera un desequilibrio en el ya frágil mapa del narcotráfico mexicano.
En este contexto, la intervención solicitada por los mensajes no puede descartarse como simple propaganda criminal.
Más bien, expone una pugna interna cada vez más visible en el país: una guerra no solo entre cárteles, sino también por la fidelidad de quienes deben hacer cumplir la ley.