La expansión minera en ríos amazónicos como el Nanay y el Santiago amenaza la salud, el ambiente y el tejido social de comunidades indígenas, mientras el Estado se mantiene ausente o coludido.
La devastación provocada por la minería ilegal en la Amazonía ya no puede ocultarse bajo el lodo de los ríos contaminados ni tras el silencio institucional. Según líderes indígenas de pueblos como los Wampis, Kukama y Shipibo-Conibo, la proliferación de dragas y mercurio en zonas sagradas y ancestrales está ocurriendo con el respaldo de autoridades locales, fiscales sin recursos y apus cooptados por el oro.
Mira: Cusco: Hallan túnel inca de 1.750 metros que conecta Sacsayhuamán con el Coricancha
En regiones como Loreto, Amazonas y Ucayali, la minería aluvial no solo destruye ecosistemas, sino que rompe el tejido comunitario y deja a su paso una población dividida, intoxicada y amenazada. Lo que antes era resistencia unificada frente al extractivismo ilegal, hoy es fragmentación provocada por promesas individuales de riqueza.
El río Nanay, símbolo del abandono
En Loreto, el caso del río Nanay es dramático. Esta fuente de agua vital para más de 500 mil personas en Iquitos está contaminada por el uso indiscriminado de mercurio. José Manuyama, dirigente Kukama y vocero del Comité de Defensa del Agua, denuncia que más del 80% de la población urbana ya presenta niveles elevados de mercurio en la sangre, según reportes independientes.
“Esto no pasa sin conocimiento del Estado. La complicidad es evidente, desde el Ministerio de Defensa hasta la Fiscalía”, afirma Manuyama. Pese a las constantes alertas, las dragas continúan operando impunemente, amenazando no solo la salud pública, sino la soberanía territorial de las comunidades amazónicas.
Apus comprados, territorios vendidos
El avance de la minería ilegal también ha sido facilitado por una nueva modalidad de cooptación: la compra de apus. En la nación Wampis, por ejemplo, Evaristo Wajai, abogado y director de justicia, denuncia que algunos líderes comunales son sobornados para permitir la entrada de dragas, a cambio de legitimidad aparente y dinero rápido.
“Esto está descomponiendo a las comunidades desde dentro. Se compran conciencias, se rompe la colectividad. Y todo esto sucede bajo la vista del Estado”, lamenta.
En Ucayali, el panorama es aún más complejo. Lizardo Cauper Pezo, presidente del Consejo Shipibo-Conibo-Xetebo, afirma que las comunidades enfrentan una triple amenaza: minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico. La consecuencia ha sido violencia directa, incluyendo asesinatos de defensores ambientales y un clima de miedo constante.
Fiscales sin capacidad, mafias con poder
La impunidad reina también por la falta de respuesta judicial efectiva. Según Frank Almanza, fiscal coordinador nacional de delitos ambientales, solo hay dos fiscales en todo Loreto dedicados a investigar minería ilegal. “No tenemos el personal ni el equipo suficiente. Esta es una economía criminal muy fuerte, que además cuenta con apoyo político y legal en algunos casos”, reconoció en entrevista con RPP.
Almanza también reveló que al menos 20 autoridades o exfuncionarios están siendo investigados por delitos ambientales, señal de que la corrupción no es un hecho aislado, sino una estructura incrustada en el aparato estatal.
Una crisis que ya es estructural
La falta de servicios básicos como salud, educación o desarrollo productivo en las comunidades ha dejado un vacío ocupado por redes ilegales, que ofrecen ingresos inmediatos a cambio de destruir el entorno y traicionar principios comunitarios. Las consecuencias ya están aquí: ríos muertos, niños intoxicados, líderes asesinados y un Estado incapaz o ausente.
Desde San Martín hasta Amazonas, las alertas se multiplican. Pero sin una respuesta coordinada, con presupuesto y respaldo político real, la Amazonía peruana se encamina hacia un punto de no retorno, donde el oro pesa más que la vida.
(Con información de Infobae)