La muerte de 13 mineros en Pataz revive el drama de una actividad criminal que mueve miles de millones, destruye el medioambiente y desplaza al Estado en regiones donde impera la ley del oro.
La minería ilegal de oro no solo es una amenaza ambiental y social, sino un agujero económico sin fondo que el Estado peruano parece cada vez menos dispuesto a enfrentar.
Mira: Secuestro y Muerte en Pataz: En Zona Minera Ligada a La Poderosa y la Violencia No Da Tregua
La reciente muerte de 13 trabajadores secuestrados en un socavón en Pataz (La Libertad) —vinculado a un contratista de Minera Poderosa— ha puesto nuevamente el foco sobre una actividad que se extiende como metástasis en el territorio nacional.
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2024 el Perú exportó más de 90 toneladas de oro ilegal, un incremento del 20 % respecto a 2023.
Esto representa 7.400 millones de dólares y equivale al 48 % del total de las exportaciones auríferas del país. En términos macroeconómicos, esto representa el 2,8 % del PBI nacional.
🔗 Fuente: IPE – https://www.ipe.org.pe
🔗 Poderosa – https://www.poderosa.com.pe
🔗 Ministerio del Interior – https://www.mininter.gob.pe
¿Un Estado que financia la minería ilegal?
El IPE denuncia que menos de S/ 0,50 por cada S/ 100 del presupuesto de orden público y seguridad se destina a combatir la minería ilegal.
Además, el subsidio indirecto de combustibles en regiones como Madre de Dios —con exoneraciones al IGV y al ISC— alimenta la maquinaria de la ilegalidad: el consumo allí es cinco veces mayor al promedio nacional.
Poderosa: entre la producción formal y el asedio criminal
Minera Poderosa, la segunda mayor productora de oro del Perú, denuncia pérdidas de hasta 300 millones de dólares en 2024 por invasiones de mineros ilegales.
Entre 2021 y 2023, salieron de sus concesiones más de 23 mil volquetes de mineral ilegal, valorados en 2.500 millones de dólares.
Aun así, la empresa logró aumentar su producción en 8,5 % y consolidarse como una de las mayores generadoras de empleo formal en el país.
La minería ilegal seguirá imparable en 2025
Con precios del oro que ya superan los 3.000 dólares por onza y proyecciones de hasta 3.700 USD para fines de 2025 (según Goldman Sachs), la rentabilidad de la ilegalidad supera cualquier incentivo estatal para la formalidad.
Se estima que el próximo año el Perú podría exportar hasta 129 toneladas de oro ilegal si no se actúa con firmeza.
La minería ilegal ya no es solo una actividad al margen: es un modelo de poder paralelo, que captura territorios, corrompe instituciones y deja cuerpos en su camino.
¿Cuántos millones más deben perderse —y cuántas vidas— para que el Estado reaccione?