El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su rechazo y pesar por la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas, luego de que el país norteamericano concediera asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, exfuncionaria del expresidente Pedro Castillo.
En un comunicado difundido el 3 de noviembre, la SRE afirmó que el otorgamiento del asilo se realizó en estricto cumplimiento del derecho internacional, conforme a la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954), tratado del cual ambos países son parte.
“México lamenta y rechaza la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional”, señala el pronunciamiento oficial.
Defensa del derecho de asilo
La cancillería mexicana enfatizó que el asilo político es un acto humanitario y legítimo, que no constituye una acción inamistosa ni una intervención en los asuntos internos de otro Estado. Además, calificó la reacción peruana como “excesiva y desproporcionada”, al basarse en una interpretación errónea del derecho de asilo.
Según el documento, la solicitud de Betssy Chávez fue evaluada minuciosamente conforme a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y al artículo 11 de la Constitución mexicana, que reconoce el derecho de toda persona a buscar protección por motivos políticos.
La ex primera ministra habría denunciado persecución política y vulneraciones a sus derechos humanos desde su detención en 2023, contexto en el que México actuó —según su gobierno— siguiendo su tradición humanitaria y compromiso con los derechos humanos.
“La Convención de Caracas establece que solo el Estado asilante puede calificar la naturaleza de la persecución. En este caso, México es el único facultado para hacerlo, y su decisión debe ser respetada por otros Estados Parte”, destacó la SRE.
Tensión diplomática y antecedentes
México recordó que el otorgamiento de asilo no debe interpretarse como un acto hostil, de acuerdo con la práctica internacional reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por ello, consideró la ruptura diplomática de Perú como una reacción contraria al diálogo y la cooperación regional.
El comunicado también reafirma que México mantendrá su política de puertas abiertas para quienes sufran persecución política, reiterando su vocación humanista y disposición al diálogo.
“México reafirma su compromiso de proteger a quienes sufren persecución, así como su disposición a la solución pacífica de controversias”, señaló la cancillería.
Un conflicto que se arrastra desde 2022
Las tensiones diplomáticas entre Lima y Ciudad de México se remontan a la crisis de diciembre de 2022, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se negó a reconocer a Dina Boluarte como presidenta legítima del Perú, calificando su gobierno de “usurpador”.
Ese mismo año, México también otorgó asilo a la familia de Pedro Castillo, lo que inició un distanciamiento que ahora se agrava con la ruptura oficial.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, la postura mexicana no ha cambiado. La mandataria reafirmó que su administración continuará defendiendo los principios de soberanía, no intervención y autodeterminación de los pueblos.
“Es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador. Nosotros mantenemos el mismo criterio”, declaró Sheinbaum recientemente.