Spas, inmobiliarias y clubes de playa en la joya turística sinaloense ocultan una red de lavado vinculada a Iván y Alfredo Guzmán, hijos del “Chapo”. El gobierno de EE.UU. expone una estructura empresarial operada por prestanombres.
Una red criminal maquillada de lujo
Mazatlán, uno de los destinos turísticos más importantes del Pacífico mexicano, esconde tras sus arenas y resorts una red de lavado de dinero operada por “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
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Así lo denunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al sancionar a personas y empresas que operan como fachada para el tráfico de drogas, en especial el fentanilo.
Entre las señaladas está Sheila Paola Urías Vázquez, de 31 años, quien figura como propietaria de al menos diez negocios, entre ellos spas y clubes de playa.
Según la OFAC, estas empresas no son más que engranajes de una maquinaria de lavado de capitales derivados del narcotráfico, con especial énfasis en las ganancias generadas por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Detrás del telón: El verdadero operador
Las investigaciones apuntan a que Sheila Paola no actúa sola. Su pareja sentimental, José Raúl Núñez Ríos, conocido como “El Lic.”, ha sido identificado como el verdadero artífice financiero detrás de esta red.
Con formación empresarial y fuertes nexos con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Núñez Ríos ha acumulado una fortuna desde 2021 a través de inversiones en bienes raíces y empresas de lujo en Mazatlán.
Estas actividades, aparentemente legales, sirven para blanquear los fondos procedentes del crimen organizado. Terrenos, constructoras e inmobiliarias forman parte del portafolio que ayuda a “Los Chapitos” a sostener sus operaciones, según la OFAC.
El brazo armado en la plaza: “El 40”
Otro actor clave es Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, quien ha sido señalado como jefe de plaza de los Guzmán Salazar en Mazatlán.
La OFAC lo vincula directamente con operaciones de tráfico de fentanilo, así como con delitos de alto impacto como secuestros, extorsiones y asesinatos en la zona.
Barraza Pablos no solo gestiona el control territorial, sino que también protege las inversiones y negocios fachada que operan en la ciudad portuaria.
Volantes y rumores que se convirtieron en verdad
Un año antes de que el gobierno estadounidense oficializara las sanciones, en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis comenzaron a circular volantes anónimos.
En ellos se acusaba a Urías, Núñez Ríos y Barraza de ser operadores clave de “Los Chapitos”. También mencionaban a personajes del espectáculo, como Markitos Toys, y al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el grupo delictivo.
Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas por la justicia mexicana, la inclusión de estas personas en la lista negra de la OFAC ha encendido las alarmas internacionales sobre el nivel de infiltración del narco en la vida política y empresarial de Sinaloa.
¿Y las autoridades mexicanas?
Hasta el momento, ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni la Fiscalía General de la República (FGR) han emitido comunicados oficiales sobre estas sanciones.
La omisión genera dudas sobre el grado de cooperación con Estados Unidos y la voluntad real de frenar las finanzas del narcotráfico en México.
Conclusión: el crimen organizado con rostro empresarial
El caso de Mazatlán ilustra cómo el narcotráfico ha evolucionado hacia formas más sofisticadas de operar. Ya no solo se trata de rutas y armas; ahora también controlan spas, desarrollos inmobiliarios y centros de lujo. Mientras la sociedad vacaciona en la costa, el crimen lava dinero bajo el sol.