¿Qué ordenaron los tribunales?
El Poder Judicial de Arequipa, mediante la jueza Janet Lastra Ramírez del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios, ha dictado la suspensión preventiva de 18 meses para el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo, mientras se avanza en la investigación por el denominado caso “Policías Albañiles”.
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La medida implica que Zanabria no podrá ejercer funciones ni ocupar su cargo de comandante general de la PNP durante ese periodo.
De qué lo acusan: los hechos y testimonios
- Los hechos investigados se remontan al año 2020, cuando Zanabria era jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa.
- Se denuncia que al menos seis suboficiales, oficialmente asignados a patrullaje a pie, fueron obligados a realizar tareas de albañilería, electricidad y gasfitería al interior de instalaciones policiales, dejando de lado su deber principal de seguridad ciudadana.
- Testimonios claves incluyen los de la mayor PNP Claudia del Castillo, quien afirma que recibió la orden del entonces general Zanabria y de otros mandos de reclutar personal “voluntario” con conocimientos técnicos para esas labores, bajo mentiras sobre el rol que cumplirían.
- Otro testigo importante es el maestro de obra Claver Colquehuanca, quien declaró que fue contratado para dirigir trabajos de remodelación dentro de una sede policial, recibió una transferencia de más de S/ 17,000, monto que supera lo inicialmente pactado, y que se le habría pedido entregar parte del dinero al general.
Las acusaciones legales: qué delitos podrían configurarse
El Ministerio Público imputa a Zanabria presuntas conductas vinculadas con:
- Peculado doloso: apropiación o uso indebido de bienes o recursos del Estado.
- Colusión agravada: acuerdos ilegales o coordinaciones indebidas con terceros para beneficio propio o de terceros.
- Abuso de autoridad: uso de mando para ordenar actividades fuera de la función policial, sin respaldo documental, que podrían violar derechos y deberes institucionales.
Reacciones, defensa y consecuencias institucionales
- Zanabria ha rechazado las acusaciones, alegando que las obras en cuestión (capilla, casino policial, etc.) habrían sido soportadas por donaciones voluntarias y con participación del personal, que su uso fue de naturaleza institucional y no hubo uso indebido de recursos públicos o desatención del servicio policial.
- Mientras tanto, se señala que Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor General de la PNP, asumiría de forma interina el mando mientras dure la suspensión de Zanabria.
Lo que está en juego: críticas y preocupaciones
- Confianza ciudadana: El caso golpea la credibilidad de la PNP justamente cuando la población demanda instituciones transparentes y responsables.
- Legalidad en las funciones policiales: Si se comprueba que se desviaron suboficiales de sus funciones básicas para trabajos de mantenimiento o construcción, se estaría frente a una clara vulneración a normativas internas, además de posibles delitos.
- Riesgo de impunidad: La suspensión temporal es una medida cautelar, pero no suficiente si no se realizan diligencias fuertes, se asegura protección a testigos y se administra justicia de manera efectiva.
- Precedente institucional: Este caso podría sentar un precedente sobre cómo se investigan y sancionan abusos de autoridad en la Policía, y sobre la responsabilidad de los altos mandos.