¿Detención arbitraria o error procesal? El TC ordena su excarcelación inmediata
El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus a favor de la expremier Betssy Chávez, anulando la prisión preventiva impuesta tras el fallido autogolpe de Estado liderado por Pedro Castillo.
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El organismo determinó que la medida fue irregular, puesto que su vencimiento se produjo el 19 de diciembre de 2024, y la solicitud de prolongación fue presentada recién el 26 de diciembre, lo que dejó a Chávez detenida 8 días sin mandato judicial válido.
Pasos siguientes: comparecencia con restricciones y posible nueva prisión preventiva
El fallo ordena que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria emita hoy mismo la resolución de excarcelación, aunque con la facultad de imponer una comparecencia con restricciones para asegurar su presencia en el juicio por rebelión.
Cabe indicar que el proceso para una nueva prisión preventiva puede reactivarse ahora, pero legalmente, solo bajo la tutela de derechos fundamentales.
Crítica al Ministerio Público y al sistema judicial
Los magistrados del TC criticaron duramente a la Fiscalía y al Poder Judicial por permitir la extensión de la prisión preventiva con posterioridad a su expiración.
Calificaron esta práctica como una “inveterada y preocupante”, pues avala detenciones arbitrarias, aunque sean breves.
Afirmaron que “no cabe sacrificar la libertad por la falta de diligencia estatal” y subrayaron que, ante el vencimiento del plazo, el juez debió primero decretar la libertad mientras evaluaba medidas alternativas.
Huelga de hambre, deterioro de salud y presión política
La excarcelación adquiere mayor relevancia dado el delicado estado de salud de Chávez, quien venía realizando una huelga de hambre seca. Su abogado reportó deshidratación severa y complicaciones cardíacas que requirieron atención de emergencia en el Hospital María Auxiliadora.
La presión, legal y mediática, llevó también a que la Defensoría del Pueblo se incorpore como amicus curiae en el proceso, destacando la importancia de salvaguardar el derecho a la libertad y la presunción de inocencia.
Esta resolución del TC, emitida hoy (3 de septiembre de 2025), marca un avance significativo en defensa de los derechos humanos, ajustándose al principio de que la prisión preventiva debe tener un límite temporal estricto.
No obstante, advierte sobre graves fallos en los mecanismos judiciales: actuar fuera del plazo legal no solo vulnera derechos, sino que compromete la confianza ciudadana en el sistema.
La decisión deja claro que cualquier intento de reimponer medidas restrictivas deberá corregir esos déficits procesales y respetar la libertad como cimiento jurídico.