La decisión judicial que moviliza al país
El 16 de septiembre de 2025, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante el juez Wilson Verátegui Gálvez, dispuso, con base en la nueva Ley 32130, que Keiko Fujimori pase de una comparecencia con restricciones a una comparecencia simple en el marco del caso Cócteles.
Esto significa que ya no tiene obligaciones como control biométrico mensual, estancia obligada en su domicilio u otras limitaciones que se le impusieron hace más de tres años.
A pesar de este cambio sustancial, la caución de S/ 70.000 permanece como medida patrimonial, es decir, como garantía económica, pero no como coerción personal. Esa caución solo podría devolverse si Keiko Fujimori resulta absuelta o si el proceso se archiva antes del juicio oral.
Ley 32130: ¿qué cambió y por qué juega a favor?
- La nueva norma establece un límite temporal de 36 meses para medidas coercitivas como la comparecencia con restricciones en casos vinculados a criminalidad organizada.
- Dado que ya se ha superado ese plazo en el caso de Keiko —las restricciones se impusieron desde abril de 2020—, el juez declaró caducada esa medida.
- El juez sostuvo que la Ley 32130 es “más beneficiosa” para la procesada en comparación con la legislación anterior, precisamente porque fija un límite temporal explícito, algo que la normativa anterior no hacía.
¿“Quedarse libre”? Matices que no deben pasarse por alto
Aunque algunos titulares afirman que Keiko Fujimori “queda totalmente libre”, la realidad procesal es más compleja:
- La comparecencia simple no significa impunidad automática. Keiko sigue bajo investigación, y debe responder a todas las citaciones de la Fiscalía y del Poder Judicial.
- La caución de S/ 70.000 sigue vigente como medida patrimonial, aunque ya no como coerción personal.
- El desenlace del caso todavía depende del Tribunal Constitucional (TC), que tiene ante sí una decisión crucial: determinar si aplicarles a las campañas de 2011-2016 la figura penal de lavado de activos, en particular si existía obligación de saber sobre el origen ilícito de los aportes. Dependiendo del fallo, podrían archivarse cargos, declararse nulidades, o incluso generar precedentes con efecto más amplio.
Riesgos institucionales y precedentes
- El fiscal José Domingo Pérez ha advertido que un fallo favorable a Fujimori en el TC no solo le beneficiaría a ella, sino que podría afectar otros procesos por financiamiento ilegal de campañas y lavado de activos, incluyendo condenas ya dictadas.
- Críticos señalan que la aprobación de la Ley 32130 y su interpretación judicial favorecedora muestran cómo un cambio legal puede tener efectos retroactivos en casos de alta repercusión, lo que genera preocupación por la percepción de impunidad y debilidad para sancionar la corrupción.
- Organismos de la sociedad civil y medios advierten sobre cómo decisiones institucionales (Congreso, Poder Judicial, TC) están siendo claves para definir no solo este caso sino la credibilidad del sistema de justicia en delitos vinculados al financiamiento político.
El papel definitivo del Tribunal Constitucional
El TC está evaluando un hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori, que cuestiona si, en los años 2010-2011 y 2015-2016, existía una disposición legal clara que permita tipificar como delito el lavado de activos respecto de aportes electorales, y si existía deber de conocer el origen ilícito de dichos fondos.
El fallo del TC puede tener varios efectos:
- Confirmar la nulidad de ciertas actuaciones o incluso el archivo definitivo del caso si encuentra que los hechos imputados no constituían delito en ese momento.
- Fijar precedentes que podrían beneficiar a otros investigados en casos similares.
- Generar tensiones políticas, ya que legisladores que apoyaron la Ley 32130 podrían estar siendo vistos como actores que modificaron el marco legal con efectos directos sobre casos concretos de corrupción.
Keiko Fujimori no está exonerada aún—ni “libre” en el sentido de no enfrentar consecuencias legales—pero sí ha sido liberada de gran parte de las restricciones que limitaban su movilidad, su imagen pública y ciertas obligaciones procesales. La Ley 32130 ha sido usada como instrumento legal que le otorga un alivio procesal significativo.
El asunto clave seguirá siendo si el TC falla a su favor o no, y hasta qué punto. El momento histórico exige vigilancia ciudadana, transparencia judicial y que la aplicación de la ley se haga respetando la justicia, sin sesgos partidarios.
Si no, se corre el riesgo de que la percepción y la realidad de la impunidad política se profundicen.