A tres años del horror en San Antonio, dos traficantes reciben duras sentencias en EE.UU. por uno de los crímenes más atroces contra migrantes en la historia reciente.
Una condena ejemplar en el aniversario de la tragedia
El 27 de junio de 2022 quedó marcado como uno de los días más oscuros en la historia migratoria de Estados Unidos.
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Ese día, un tráiler fue hallado abandonado en San Antonio, Texas, bajo temperaturas extremas, con decenas de cuerpos sin vida en su interior.
Hoy, tres años después, la justicia ha hablado: dos de los principales responsables pasarán el resto de sus días tras las rejas.
Felipe Orduña Torres, alias “Cholo”, “Chuequito” o “Negro”, de 30 años, fue sentenciado a cadena perpetua más una multa de 250.000 dólares, tras ser hallado culpable de orquestar la operación de tráfico humano que resultó en la muerte de 53 personas, entre ellas seis menores de edad y una mujer embarazada.
A su lado, Armando González Ortega, de 55 años, apodado “El Don” o “Don Gon”, recibió una pena de 83 años de prisión y la misma sanción económica.
Un viaje de muerte que costó miles de dólares
Durante el juicio, la fiscalía reveló que los migrantes —originarios de México, Guatemala y Honduras— pagaron entre 12.000 y 15.000 dólares por un trayecto que prometía seguridad y terminó en tragedia.
La caja del tráiler no contaba con ventilación ni agua; 48 personas murieron en el lugar y cinco más fallecieron en hospitales por deshidratación extrema y asfixia.
El juez federal Orlando García fijó la sentencia en una fecha simbólica, reforzando la necesidad de tomar acciones contundentes contra las redes de trata de personas. El caso ha sido catalogado por las autoridades como una de las operaciones más letales de tráfico humano en la historia de EE.UU.
Más implicados y una advertencia contundente
El conductor del vehículo, Homero Zamorano Jr., ya se había declarado culpable a inicios de este año, al igual que otros cinco acusados.
Además, las autoridades guatemaltecas extraditaron a Rigoberto Ramón Miranda Orozco, considerado uno de los cabecillas de la red criminal vinculada al caso.
La fiscal federal Pamela Bondi fue tajante:
“Estos criminales pasarán el resto de sus vidas tras las rejas por lucrarse con el sufrimiento humano. Este caso envía un mensaje claro a los traficantes: no cejaremos hasta verlos responder por sus crímenes.”
Junto con las condenas, se ejecutó el decomiso de vehículos, propiedades y más de 60.000 dólares en efectivo usados en la operación.
Una herida abierta en América Latina
La tragedia dejó una cicatriz profunda en las comunidades de origen de las víctimas. El caso ha sido citado en informes de derechos humanos y forzó a varios gobiernos a intensificar sus acciones contra el tráfico de migrantes.
Un paso, pero no el final
Si bien las sentencias representan un avance en la lucha contra el tráfico humano, expertos advierten que el fenómeno persiste, alimentado por la desesperación, la desigualdad y la impunidad transnacional.
El llamado es claro: las condenas deben ir acompañadas de políticas migratorias más humanas, cooperación regional efectiva y medidas preventivas que prioricen la vida.
El juicio ha terminado, pero la memoria de los 53 migrantes exige algo más que castigo: exige justicia duradera y compromiso regional.
