Una decisión que marca precedente en la lucha contra la impunidad
La Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó una condena de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra cuatro responsables del asesinato de los líderes indígenas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, ocurrido en 2014.
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Este fallo, considerado un hito en la defensa de los pueblos originarios y del medio ambiente, fue saludado por las embajadas de Alemania, Canadá, Noruega y Reino Unido, quienes destacaron que el proceso judicial incluyera la lectura de la sentencia en lengua asháninka, además del castellano.
Declaración conjunta de las embajadas de Alemania, Canadá, Noruega y Reino Unido, con respecto a la sentencia del caso Saweto. pic.twitter.com/fb7TSViRx4
— UK in Peru 🇬🇧🇵🇪 (@UKinPeru) August 29, 2025
En un comunicado conjunto, las representaciones diplomáticas calificaron la resolución como “un paso importante en la lucha contra la impunidad y en el reconocimiento del rol de las comunidades indígenas en la protección de la Amazonía”. Asimismo, reiteraron su respaldo a quienes defienden derechos humanos y ambientales en contextos de alto riesgo.
El caso Saweto: once años de espera por justicia
En septiembre de 2014, los dirigentes Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez fueron emboscados y asesinados tras denunciar públicamente la tala ilegal que devastaba su territorio.
La sentencia responsabiliza a Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta como autores intelectuales, mientras que Segundo y Josimar Atachi Félix fueron identificados como los perpetradores materiales del crimen.
Además de la condena penal, el tribunal fijó una reparación civil de 100 mil soles por cada una de las víctimas a favor de sus familias.
“Un martirio de sufrimiento”: voces desde la Amazonía
El presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), Jamer López, relató a RPP que el proceso judicial fue largo y doloroso: “En un primer momento, el caso fue archivado y tuvimos que empezar desde cero. Han sido 11 años de persistencia y resistencia”.
López enfatizó que la lucha no corresponde únicamente a las familias de las víctimas, sino a todas las comunidades indígenas de la Amazonía peruana que enfrentan la violencia ligada a economías ilegales.
Según datos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), desde 2013 han sido asesinados 36 líderes indígenas en el Perú por defender sus territorios frente a la tala ilegal, el narcotráfico y la minería informal.
Crítica: justicia tardía y retos pendientes
Si bien la sentencia representa un triunfo moral y legal, también revela la deuda histórica del Estado peruano en garantizar protección efectiva a defensores ambientales.
La demora de más de una década para obtener justicia expone la fragilidad de un sistema judicial que suele revictimizar a las comunidades.
El respaldo de países europeos y norteamericanos visibiliza el carácter internacional de esta problemática: la protección de los bosques amazónicos no es solo un asunto peruano, sino una responsabilidad global frente a la crisis climática.
No obstante, la verdadera prueba será que las condenas se ejecuten y que se adopten medidas concretas para prevenir nuevos crímenes.