El caso reabre el debate sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos en operativos contra el crimen organizado.
Una madre en duelo, un pueblo en alerta
Culiacán, Sinaloa — “No era un santo, pero tampoco merecía morir así”, gritó entre lágrimas la madre de Jesús Norberto, alias “El 30”, al denunciar públicamente la muerte de su hijo durante un enfrentamiento armado entre fuerzas federales y presuntos miembros del crimen organizado en la comunidad de Tacuichamona, al sur de la capital sinaloense.
El operativo, realizado el pasado fin de semana, incluyó el uso de helicópteros artillados que dispararon desde el aire, generando pánico entre la población civil.
Testigos reportaron ráfagas que impactaron viviendas, vehículos y hasta zonas donde se encontraban familias con niños. “Tuvimos que tirarnos al piso. No sabíamos si iban por narcos o por nosotros”, relató una habitante local.
¿Quién era “El 30”?
Jesús Norberto, conocido como “El 30”, era presuntamente integrante de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, organización que ha protagonizado múltiples enfrentamientos con autoridades y grupos rivales.
Aunque su historial criminal no ha sido confirmado oficialmente, su nombre figuraba en varias investigaciones federales, según fuentes no oficiales del ámbito de seguridad.
No obstante, para su madre, su hijo era “una víctima más de una guerra sin reglas ni justicia”. La mujer —cuya identidad se resguarda por seguridad— exige una investigación imparcial y acusa al gobierno de “ejecutar sin juicio”.
Denuncias por abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos
El operativo no solo dejó a “El 30” muerto. Al menos otras tres personas fallecieron, y varias más resultaron heridas. Lo que ha encendido las alarmas es que pobladores de comunidades cercanas como Quilá y San Lorenzo acusan a los elementos federales de realizar cateos sin órdenes judiciales, destruir pertenencias y amenazar a civiles bajo sospecha de ser informantes del narco.
Frente a estas acusaciones, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH) abrió una carpeta de investigación para esclarecer si durante la operación se cometieron violaciones a los derechos humanos.
La Fiscalía, entre el silencio y la presión social
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha iniciado una investigación sobre los hechos. Aunque hasta el momento no se ha emitido un informe detallado, se confirmó que se está recopilando evidencia balística, testimonios de civiles y grabaciones del operativo.
El silencio de las autoridades federales, particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ha sido interpretado como una señal de opacidad, alimentando la desconfianza de la ciudadanía, ya acostumbrada a que los operativos “antinarco” terminen con más preguntas que respuestas.
¿Seguridad o represión? El dilema en las comunidades rurales
Expertos en seguridad señalan que la militarización de regiones rurales en Sinaloa ha generado más temor que paz. “El Estado responde al crimen con fuego, pero olvida que hay población civil en medio”, comenta la politóloga Gloria Carrillo, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Mientras tanto, las familias de Tacuichamona viven atemorizadas. Muchos niños no han vuelto a clases, y algunos comercios locales han cerrado. “Aquí no sabemos si llorar por los muertos o por los vivos”, dice un habitante que pidió no ser identificado.
¿Quién protege a los inocentes?
La muerte de “El 30” podría pasar como una estadística más en la guerra contra el narcotráfico. Pero el reclamo de su madre ha hecho eco.
No se trata de justificar delitos, sino de exigir que los derechos humanos se respeten incluso en el combate al crimen.
La pregunta sigue latente: ¿hasta cuándo el Estado mexicano continuará enfrentando el crimen con tácticas que también dejan heridos del lado civil?