El colapso del techo en el Real Plaza de Trujillo, que dejó seis muertos y más de 80 heridos, ha puesto en evidencia fallas en la supervisión de la infraestructura de establecimientos comerciales en el país.
La reacción inmediata de las municipalidades, que han intensificado inspecciones y clausuras en centros comerciales, si bien es una medida necesaria, llega demasiado tarde para las víctimas de esta tragedia.
Durante la conferencia de prensa del martes 26 de febrero, el primer ministro Gustavo Adriánzen y el ministro de Vivienda Durich Whittembury enfatizaron que la responsabilidad recae en las municipalidades, pues la normativa vigente ya les otorga facultades para fiscalizar edificaciones con regularidad.
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No obstante, la falta de un seguimiento estricto y la permisividad con establecimientos que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad han generado un riesgo latente para la población.
Una respuesta tardía ante una tragedia anunciada
El Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) establece que los centros comerciales deben ser inspeccionados cada dos años, pero ¿se estaba cumpliendo esta normativa? Los cierres y clausuras recientes evidencian que no.
Las declaraciones de Whittembury refuerzan esta realidad: “Estos trabajos de supervisión deben ser constantes”, afirmó, subrayando que las municipalidades tienen la obligación legal de realizar inspecciones preventivas.
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Sin embargo, la realidad muestra que la supervisión ha sido deficiente, permitiendo que establecimientos operen con fallas estructurales graves hasta que un desastre ocurre.
El premier Adriánzen, por su parte, fue más crítico al señalar que “lamento que haya tenido que suceder este hecho para que los alcaldes recién identifiquen esta deficiencia”.
Su declaración expone un problema estructural en la fiscalización: la ausencia de medidas preventivas y la constante postergación de acciones hasta que ocurre una tragedia.
Un sistema de inspección reactivo en lugar de preventivo
El caso de Trujillo no es aislado. El colapso del Real Plaza ha impulsado inspecciones en todo el país, revelando una alarmante cantidad de deficiencias estructurales en otros centros comerciales.
Pero este problema no debería haberse descubierto tras una tragedia, sino que debió haberse abordado con una fiscalización constante y rigurosa.
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La supervisión debe extenderse más allá de los centros comerciales, como advirtió Adriánzen: “No solamente en los centros comerciales, sino en todas aquellas instituciones y establecimientos donde concurran masivamente los ciudadanos”.
El gobierno ha prometido endurecer la normativa y fortalecer la supervisión para evitar que se repitan estos hechos.
Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿se implementarán medidas reales para prevenir futuras tragedias o volveremos a lamentar más pérdidas humanas por negligencia y falta de control?
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