El 7 de agosto es una fecha clave en la historia de Colombia, ya que conmemora la Batalla de Boyacá, ocurrida en 1819. Esta batalla fue decisiva para la independencia del país del dominio español. Desde entonces, se celebra como un símbolo de libertad, soberanía y resistencia.
La jornada es reconocida a nivel nacional con eventos oficiales, desfiles y discursos patrióticos en todo el territorio colombiano. Tradicionalmente, Bogotá ha sido la sede principal de estas conmemoraciones, enmarcadas por la presencia del presidente de la República y altos mandos militares.
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Durante décadas, los actos del 7 de agosto han resaltado los logros del Ejército y el compromiso con la defensa nacional. También es una oportunidad para destacar los valores de unidad nacional, institucionalidad y memoria histórica. Por eso, la decisión de trasladar este acto solemne a una ciudad fronteriza como Leticia representa un mensaje contundente en tiempos de tensiones territoriales.
Declaraciones de Gustavo Petro sobre la frontera con Perú
El presidente Gustavo Petro anunció el traslado del evento patriótico a través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter). En su mensaje del 5 de julio, expresó su preocupación por lo que considera una violación al tratado binacional firmado con Perú en 1934. Dicha violación estaría relacionada con la aprobación de una ley peruana que modifica unilateralmente la delimitación territorial en el río Amazonas.
Denuncias sobre apropiación territorial por parte del Perú
Según Petro, Perú ha decidido apropiarse por ley de islas ubicadas al norte de la línea más profunda del Amazonas, punto que el Protocolo de Río de Janeiro estableció como límite internacional. Además, denunció que Perú pretende instalar la capital de un municipio en una zona que, según los términos del acuerdo bilateral, pertenece a Colombia.
Petro afirma que las islas recientemente reclamadas por el Perú están ubicadas al norte del talweg, por lo tanto, bajo soberanía colombiana. Esta delimitación es crítica, ya que define los derechos de navegación y control fluvial de cada país.
Según lo denunciado, el Congreso peruano habría aprobado una norma que incorpora estas islas a su territorio, contradiciendo lo pactado en el tratado internacional. Además, el establecimiento de una capital municipal en esa zona agrava el conflicto, al representar un acto administrativo de apropiación.
(Con información de Infobae)