Una investigación fiscal revela una presunta organización criminal dentro de la FAP, involucrada en el robo sistemático de componentes de alto valor, amenazas y actos de sabotaje en la base aérea de Loreto.
Un caso de corrupción de alto impacto ha sacudido a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en la región Loreto, luego de que el TIP FAP Boris Meléndrez Seminario fuera sorprendido el pasado 7 de enero de 2025 en una situación comprometida, con una caja que contenía piezas de aeronaves DHC6-Twin Otter Series 300/400, dentro de un almacén de alto costo del Grupo Aéreo N.º 42, en Iquitos.
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Este hallazgo no fue un hecho aislado. Según consta en la carpeta fiscal N.º 1328-2024, Meléndrez ya era investigado como único responsable por la desaparición de cuatro componentes aéreos de alto valor: dos unidades FCU (controladores de combustible) y dos gobernadores de hélice, con un valor estimado de medio millón de dólares.
Una red más compleja y peligrosa
Lo que inicialmente parecía un caso de robo interno, ha ido revelando indicios de una red criminal al interior de la FAP, con tentáculos que alcanzan áreas sensibles como el mantenimiento de motores. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, esta red incluso habría contratado a un sicario para amenazar o atentar contra los denunciantes. Esta alarmante revelación fue confirmada por el SO3 FAP Gonzalo Jesús Espinoza Camacho, quien ofreció una colaboración notarial el 16 de julio de 2024, como parte de su confesión voluntaria ante las autoridades, registrada en la carpeta fiscal N.º 17-2025.
Entre los implicados también figuran los técnicos TC3 FAP César Vega Paredes, SO2 FAP Julio Gonzáles Ramírez y el ya mencionado Meléndrez. Uno de los actos más indignantes ocurrió el 13 de julio de 2024, cuando el grupo ingresó ilícitamente al hangar del Escuadrón de Mantenimiento N.º 426, tras envenenar al perro guardián para evitar ser detectados. Este acto, claramente premeditado, fue calificado como indefendible incluso por su exabogado, SO2 FAP (r) Carlos Andrés Burgos Huapaya, quien se retiró del caso al conocer la gravedad de las evidencias.
Silencio cómplice y obstrucción de la justicia
La actitud de los implicados ha sido evasiva y, en muchos casos, abiertamente obstructiva. Ninguno de ellos —salvo Espinoza Camacho— se ha presentado a declarar ante la policía o la fiscalía. Especial atención ha generado el caso de TIP FAP Ronal Borbor Reátegui, quien solicitó su pase a retiro de forma voluntaria, pese a tener una carrera ascendente dentro de la institución, lo que aumenta las sospechas sobre su posible rol dentro de la red.
Además, el Ministerio Público ha detectado contradicciones entre las declaraciones de testigos claves y sus presencias en áreas restringidas. La investigación continúa, y cada vez se revelan más nombres y conexiones con otros posibles casos de robo sistemático dentro de la FAP.
Un atentado contra el país y la Amazonía
Más allá del robo millonario, este caso golpea directamente a la imagen y función social del Grupo Aéreo N.º 42, una unidad que ha sido clave en la atención médica y el transporte aéreo en las comunidades más remotas de la Amazonía peruana. Los hechos cometidos por estos malos elementos comprometen no solo la seguridad operativa de la FAP, sino también la confianza de la ciudadanía en sus instituciones armadas.
Es imperativo que el Ministerio de Defensa y el alto mando de la FAP actúen con firmeza y transparencia, sancionando ejemplarmente a los responsables y evitando que estos actos queden impunes. Loreto —una región que enfrenta desafíos estructurales y necesita el apoyo constante del Estado— no puede permitirse una FAP debilitada por la corrupción interna.
(Con información de Lima Gris)