¿Quién es “El Abuelo” y qué lo acusa?
Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre de 2025.
Las autoridades mexicanas lo señalan como líder del grupo criminal “La Barredora”, acusado de delitos graves como asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.
Además, en su contra pesaba una orden de aprehensión emitida en febrero de 2025 en Tabasco.
También había sido emitida una Notificación Roja de Interpol México el 17 de julio de 2025.
¿Cómo se logró su captura?
- Cooperación internacional: La captura se realizó en coordinación entre las autoridades mexicanas y las de Paraguay.
- Nuevas leyes e inteligencia: Se utilizó la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia de México, así como la participación activa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
- Interpol y órdenes judiciales vigentes: La ficha roja de Interpol y la orden judicial en Tabasco facilitaron su ubicación y seguimiento.
El arresto tuvo lugar en una residencia lujosa en Paraguay, que habría sido usada como lugar de ocultamiento.
Implicaciones políticas y de seguridad
- La detención refleja un esfuerzo del gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum en su política de “cero tolerancia a la corrupción” y combate a la impunidad.
- Hay cuestionamientos sobre cómo Bermúdez llegó a tener un cargo tan alto (Secretario de Seguridad de Tabasco desde 2019) pese a las acusaciones previas y reportes de inteligencia que lo vinculaban con actividades delictivas.
- Su captura podría intensificar la disputa entre “La Barredora” y otros grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, por el control territorial en Tabasco.
Críticas y vacíos en la narrativa oficial
- Aunque se informa que la operación se sustentó en nueva legislación e intercambio de inteligencia, no hay hasta ahora accesos públicos a los documentos que prueben cómo se obtuvo la evidencia específica contra Bermúdez, ni los protocolos de coordinación internacional que se siguieron.
- Tampoco se han detallado las condiciones de su traslado de Paraguay a México, lo que genera dudas sobre transparencia y garantías legales en materia de derechos humanos.
- Los vínculos políticos no han sido abordados a fondo. Dado que Bermúdez fue nombrado por Adán Augusto López, ahora senador, y sirvió bajo gobiernos estatales con estrecha relación con figuras del partido Morena, surge la exigencia de que se investigue si hubo protección desde instancias políticas.
¿Qué esperar de aquí en adelante?
- Procesos judiciales más ambiciosos: recabar pruebas, testigos y determinar responsabilidades, no solo individuales sino institucionales.
- Posible fortalecimiento del sistema nacional de inteligencia y procesamiento penal internacional, para no depender solo de órdenes de aprehensión locales.
- Debates sobre reformas políticas: cómo se designan mandos de seguridad, transparencia en los nombramientos, rendición de cuentas.
Este caso podría marcar un parteaguas si se aprovecha para transparentar todas las conexiones políticas y judiciales, y no quede como una acción aislada más.