Una decisión sin precedentes: seguridad carcelaria pasa a manos privadas
En una medida que marca un punto de quiebre en la gestión penitenciaria del país, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció que el gobierno de Dina Boluarte privatizará la seguridad externa de los penales, ante el evidente colapso del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
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El detonante: una fuga que expuso el caos en Lurigancho
El anuncio se produce tras la reciente fuga de un reo del penal de Lurigancho, uno de los más peligrosos y hacinados del país.
La gota que rebalsó el vaso. “El INPE no lo puede hacer”, sentenció Arana ante la Comisión de Justicia del Congreso.
Según el ministro, el sistema de ingreso y salida será entregado a empresas privadas a través de un decreto de urgencia que se publicará “en los próximos días”.
Privatizar el ingreso, mantener el control estatal
El titular de Justicia aclaró que la custodia y administración de los internos seguirá a cargo del Estado, pero el control de accesos —como las requisas, escáneres y seguridad de puertas— será asumido por el sector privado, al menos en los penales con mayores niveles de riesgo.
¿Solución o privatización encubierta de la justicia?
Aunque el gobierno asegura que esta es una medida “técnica” y “necesaria”, muchos expertos advierten que privatizar funciones críticas de seguridad podría abrir la puerta a negociados, abusos y más corrupción.
¿Quién fiscalizará a estas empresas? ¿Con qué garantías se evitarán filtraciones o favores a mafias internas?
Una crisis de fondo: décadas de abandono penitenciario
El INPE arrastra más de una década de deterioro: escáneres inoperativos, personal insuficiente, y un sistema penitenciario con más de 30 mil internos por encima de su capacidad.
Pero delegar su seguridad a privados no resuelve el problema de fondo: la desatención crónica y la falta de voluntad política.
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