El negocio de los “cupos” se afianza como amenaza estructural en las rutas urbanas. Transportistas y pasajeros exigen respuestas frente a un Estado ausente.
El año 2025 ha confirmado una tendencia escalofriante en el transporte público peruano: la extorsión se ha convertido en una práctica sistemática, con consecuencias mortales. Solo en los primeros meses del año, se han registrado al menos 27 víctimas fatales y más de 30 atentados vinculados a mafias del cobro de cupos, un esquema criminal que somete a empresas, conductores y cobradores.
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El miedo viaja en cada unidad, y no se trata de una exageración. Las denuncias se multiplican en distintas regiones del país, incluyendo Lima Metropolitana, donde rutas como la de Carabayllo a San Luis han sido especialmente golpeadas por la violencia. El asesinato del chofer Édgar Bautista y del cobrador Carlos Ríos elevó a cuatro el número de trabajadores asesinados solo en esa línea en 2025.
“Aportamos cinco soles diarios o nos matan”, relata un transportista que ha optado por el anonimato. Las amenazas armadas, los tiroteos en paraderos y los ataques a unidades que “no pagan” se han convertido en escenas cotidianas. Más del 80% de las empresas formales de transporte urbano están pagando estos cupos, según Martín Valeriano, dirigente del gremio de transportistas.
La parálisis del miedo
En zonas como Carabayllo, menos del 5% de los buses siguen circulando. Los conductores que aún se atreven a trabajar evitan hablar con la prensa, temerosos de represalias. “Uno sale a trabajar sin saber si volverá a casa”, repite una usuaria que, por seguridad, ha optado por cambiar dos veces de ruta o caminar largas distancias.
Los pasajeros también son víctimas silenciosas del terror. El miedo ha reemplazado a la rutina. “Antes tomaba esta línea todos los días, ahora ya no sé si llegaré a mi destino”, señala otra mujer que decidió dejar de usar colectivos por temor a los tiroteos.
El silencio del Estado
Pese a las cifras alarmantes —27 muertos, 30 atentados, 80% de empresas extorsionadas—, la respuesta del Gobierno ha sido prácticamente nula. Las paradas y terminales permanecen desprotegidos, sin presencia efectiva de la Policía ni operativos sostenidos. “¿Qué hace el Gobierno?”, preguntan con frustración los gremios.
La ausencia del Estado ha sido denunciada por trabajadores, dirigentes y ciudadanos. La situación ha llegado a tal nivel que el gremio de transportistas evalúa un paro indefinido como forma de protesta, mientras bandas criminales como las que operan en ‘El Rápido’ o ‘Los Chinos’ continúan expandiéndose sin resistencia.
“Pedimos mano dura, pero la presidenta no responde. Se hace de la vista gorda. No le importa la vida de nadie”, lamenta una usuaria visiblemente afectada por el clima de terror.
¿Dónde está la autoridad?
La pregunta se repite en cada testimonio: ¿qué más debe pasar para que el Gobierno actúe? La extorsión no solo mata, también paraliza la economía informal, agrava la pobreza y alimenta la percepción de impunidad. Frente a este panorama, la urgencia de una respuesta integral del Estado no puede esperar más. Se requiere una estrategia conjunta entre Policía, Fiscalía, gobiernos locales y Ministerio del Interior, con enfoque territorial y protección directa a los trabajadores y usuarios del transporte urbano.
La extorsión ha dejado de ser una amenaza lejana. Hoy viaja en cada bus, cada paradero, cada esquina. Y el silencio institucional no puede seguir siendo parte del camino.
(Con información de Infobae)