La desaparición de la alférez Ashley Vargas, ocurrida el pasado 20 de mayo durante un vuelo de instrucción en la Base Aérea de Pisco (Ica), ha puesto en el centro de la polémica a la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La joven oficial, quien debía completar una misión aérea de rutina, no volvió a establecer contacto tras seis minutos de vuelo, y hasta hoy se desconoce su paradero. Ante la falta de información y respuestas oficiales, su familia ha decidido tomar acciones legales.
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Vuelo sin retorno: una cadena de dudas técnicas
Ashley Vargas abordó un avión de instrucción KT-1P con una ruta previamente trazada: de Pisco a la isla Zárate, pasando por Laguna Grande y el “Cerro Virgen”, con retorno al polígono de entrenamiento. Sin embargo, la comunicación con la torre de control se interrumpió apenas minutos después del despegue. Desde entonces, no se ha detectado ninguna señal de localización, ni se ha activado el geolocalizador manual que la oficial portaba en su uniforme.
Según el abogado José Ocampo, representante legal de la familia, uno de los puntos más críticos es el estado de los sistemas de eyección del avión. El mecanismo, fundamental para salvar la vida del piloto en caso de emergencia, no habría funcionado, lo que imposibilitó tanto la expulsión de la alférez como la activación de su dispositivo de rastreo.
Posible denuncia penal por homicidio simple
La familia de Ashley Vargas evalúa presentar una denuncia penal contra la FAP por el presunto delito de homicidio simple, argumentando que el accidente y la desaparición pudieron evitarse si se hubieran respetado los protocolos de seguridad y mantenimiento. Ocampo explicó que han solicitado la entrega de documentación clave sobre el estado técnico del avión, el historial de mantenimiento y, especialmente, la certificación de los asientos eyectables provistos por el fabricante Martin-Baker.
“La Fiscalía ha pedido información técnica para esclarecer la operación en la que falleció —porque prácticamente es un hecho— la alférez FAP”, declaró el abogado en entrevista con RPP. “Los pirocartuchos, que permiten la eyección, no se habrían activado. Y sin eyección, Ashley no pudo salvarse ni enviar una señal de ubicación”.
Falta de comunicación y denuncias por encubrimiento
Otro elemento que ha causado molestia en los familiares es la falta de comunicación con la FAP. Ocampo denunció públicamente que la institución intentó silenciar al padre de Ashley, restringiendo sus declaraciones a la prensa y limitando su libertad dentro de las instalaciones de la Base Aérea. Según su versión, solo cuando los familiares decidieron hacer pública la situación pudieron retomar el control de su actuación legal.
Además, el abogado criticó duramente al comandante general de la FAP, Carlos Chávez, por enfocarse en la defensa institucional ante los medios en lugar de brindar pruebas a la Fiscalía. “No han presentado ni un solo documento técnico. Mientras el avión botaba humo, ellos daban conferencias. ¿Tienen los reportes? ¿O no los tienen?”, cuestionó Ocampo.
Respuesta oficial de la FAP
En su comunicado más reciente, la Fuerza Aérea del Perú aseguró que la aeronave KT-1P se encontraba en condiciones operativas adecuadas y rechazó categóricamente que sea obsoleta. También indicó que los padres de Ashley permanecieron en la Base Aérea durante los primeros días tras el hecho y que su retiro fue una decisión voluntaria.
Por su parte, el general Chávez desestimó las acusaciones del abogado, asegurando que este “no tiene conocimientos técnicos en aviación” y que solo busca generar confusión en un momento delicado para la familia.
Investigación preliminar en marcha
La Fiscalía Provincial Corporativa de Pisco ha iniciado una investigación preliminar por homicidio culposo. No obstante, Ocampo advirtió que, si se comprueba negligencia o falta de certificaciones técnicas, el caso podría cambiar de calificación a homicidio simple por dolo eventual, lo que implicaría una sanción más severa.
“Todo dependerá de lo que revele la documentación solicitada y del análisis que realicen nuestros propios peritos. Si no pueden demostrar que los sistemas funcionaban correctamente, esto puede escalar”, afirmó el abogado.
(Con información de Infobae)