El aumento de agresiones sexuales contra menores sigue en escalada mientras el Estado permanece inactivo ante esta crisis de violencia.
Un caso reciente en Santa Anita ha generado indignación y temor en la comunidad: una niña de 10 años denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un adolescente de 16 años.
La rápida reacción de los vecinos permitió la captura del agresor, quien, al verse acorralado, intentó huir trepando cables de luz. Sin embargo, ¿por qué tuvo que ser la comunidad la que tomara acción en lugar de un sistema de prevención eficiente?
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Un problema que sigue creciendo sin respuesta efectiva
Este caso no es aislado. Día tras día, aumentan los reportes de abusos contra menores, mientras las autoridades continúan sin implementar políticas efectivas para protegerlos. ¿Cuántos casos más deben ocurrir para que el Estado reaccione?
Los vecinos de Santa Anita, indignados ante la vulnerabilidad en la que se encuentran los niños de su comunidad, decidieron perseguir al agresor para evitar que escapara.
Mientras tanto, el sistema judicial sigue fallando en castigar con firmeza estos delitos, permitiendo que los agresores continúen libres y las víctimas desprotegidas.
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Las cámaras de seguridad, un recurso insuficiente
Las autoridades han señalado que revisarán cámaras de seguridad para esclarecer los hechos, pero ¿de qué sirve la evidencia si no hay medidas preventivas que impidan que estos crímenes ocurran?
Además, se ha revelado que el agresor había estado en un centro de rehabilitación por problemas de consumo de drogas.
Esto plantea un problema aún mayor: la falta de seguimiento y control sobre personas con antecedentes de comportamiento peligroso, que podrían representar un riesgo para la sociedad.
¿Qué está haciendo el Estado?
Este caso es una prueba más de la ineficacia de las políticas de protección a la infancia. Mientras las agresiones sexuales siguen aumentando, no hay planes claros para reforzar la seguridad de los menores, endurecer las penas contra agresores ni brindar asistencia real a las víctimas.
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Los ciudadanos están cansados de ver cómo los agresores quedan impunes y cómo la protección de los niños queda relegada a la reacción tardía de las autoridades.
La comunidad de Santa Anita ha dado un mensaje claro de indignación, pero la pregunta sigue en el aire: ¿cuándo el Estado tomará medidas concretas para frenar esta ola de violencia?
Canales de ayuda en caso de violación sexual
Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.
Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.
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