La presidenta Dina Boluarte oficializó este jueves 2 de octubre la designación de Juan Manuel Cavero Solano como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien presentó su renuncia en medio de cuestionamientos políticos, investigaciones fiscales y una inminente moción de censura en el Congreso.
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Perfil del nuevo titular de Justicia
Cavero Solano es abogado por la Universidad de Lima y cuenta con estudios de Maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico, además de especializaciones en Gestión Municipal, Business Intelligence, Derecho Administrativo y Evaluación de Proyectos.
A lo largo de su carrera ha ocupado puestos clave en instituciones del Estado, como la Sunat, la ATU, Sutran, el Gobierno Regional del Callao, Emape y el SAT. Su experiencia combina asesoría jurídica, gestión pública y supervisión administrativa, lo que lo posiciona como un perfil técnico para encabezar el ministerio.
La salida de Santiváñez
La llegada de Cavero se da tras la intempestiva renuncia de Juan José Santiváñez, quien estuvo apenas 40 días en el cargo y que dejó el puesto antes de que el Congreso debatiera su censura. Entre sus decisiones más criticadas se encuentran la remoción de Silvana Carrión de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato y la cancelación del convenio entre el INPE y la Marina de Guerra.
El exministro anunció que participará en las Elecciones 2026, presuntamente con Alianza para el Progreso, aunque en un inicio se mencionó un posible acercamiento con Renovación Popular.
Un ministerio en el ojo político
El reemplazo ocurre en un contexto en el que el Congreso cuestiona la reincorporación de ministros censurados, considerando que se debilita el equilibrio democrático. Santiváñez había sido censurado como ministro del Interior en marzo de 2025, en medio de cifras preocupantes: los homicidios crecieron más del 30 % en dos años, las denuncias por extorsión aumentaron 438 % y la percepción de inseguridad alcanzó niveles históricos, según datos del SINADEF y encuestas nacionales.
Además, arrastra doce carpetas fiscales abiertas por presuntos delitos como lavado de activos, malversación, tráfico de influencias y encubrimiento personal.
Con este cambio, Dina Boluarte busca dar estabilidad a un ministerio clave, en un escenario donde su gobierno enfrenta una aprobación ciudadana mínima y un Congreso con alto nivel de desaprobación.
(Con información de Infobae)