El sueldo de la mandataria subió a S/35.568 y recibe además una tarjeta electrónica de S/5.000 mensuales para alimentación, en medio de una desaprobación creciente y escasa transparencia.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha vuelto a colocarse en el centro del debate político y ciudadano tras oficializarse un incremento de su sueldo a S/35.568 mensuales, según lo publicado en el diario oficial El Peruano. El reajuste representa un aumento del 122% respecto al salario que percibía hasta junio de 2024, cuando su remuneración era de S/15.600. Sin embargo, este no es el único beneficio que ha generado controversia.
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A este aumento se suma la reactivación de un beneficio adicional: una tarjeta electrónica de consumo mensual de S/5.000 destinada a la alimentación de la presidenta y su familia dentro de la residencia oficial de Palacio de Gobierno. Esta tarjeta, recargable y sin límite diario de uso, fue contratada mediante un proceso de Adjudicación Simplificada a través de la empresa Pluxee Perú S.A.C., anteriormente conocida como Sodexo.
El expediente de contratación pública, al que accedió el programa Punto Final, detalla que la tarjeta puede ser utilizada en supermercados, restaurantes, panaderías, cafés y comercios variados, incluyendo carnes, pescados, frutas, productos lácteos y alimentos preparados. El monto asignado equivale a S/60.000 anuales, sin contar posibles recargas extraordinarias.
Opacidad en el uso de fondos públicos
A pesar de los cuestionamientos, Palacio de Gobierno ha rechazado revelar el detalle de los consumos realizados con esta tarjeta, alegando motivos de seguridad. La Oficina de Transparencia indicó que compartir esa información podría exponer rutinas de la presidenta y comprometer su integridad física. Además, las bases del contrato establecen que el proveedor está obligado a mantener reserva total sobre movimientos o consumos.
Este nivel de confidencialidad ha levantado suspicacias. Dos expresidentes, Francisco Sagasti y Martín Vizcarra, negaron haber accedido a un beneficio similar durante sus gestiones. Según informes del sistema de contratación pública, la compra de la tarjeta presidencial había sido suspendida desde 2018, siendo restablecida únicamente en el actual gobierno de Boluarte.
Para José Elice, exsecretario general de Palacio, la medida carece de justificación: “Los gastos de alimentación siempre fueron asumidos por la administración del recinto, sin necesidad de crear mecanismos exclusivos para el presidente o su familia”.
Críticas en medio del desprestigio
La controversia se agudiza debido a otros escándalos recientes que involucran a la mandataria: viajes internacionales cuestionados, relojes de lujo, y cirugías estéticas que aún no han sido esclarecidas del todo. Este nuevo beneficio, poco transparente y financiado con recursos públicos, suma presión a una presidenta cuya aprobación continúa en caída libre.
En el Congreso, ya se han presentado ocho proyectos de ley que buscan revertir el aumento de sueldo presidencial, iniciativa que cuenta con respaldo creciente en la opinión pública. Mientras tanto, la presidencia guarda silencio sobre la reactivación de la tarjeta y sus justificaciones, generando más dudas que certezas.
La ciudadanía exige respuestas claras. En un país donde gran parte de la población lucha con el alza del costo de vida y la informalidad laboral, los beneficios exclusivos de una presidenta cada vez más alejada del ciudadano común resultan difíciles de justificar.
(Con información de Infobae)