En medio de un clima de desaprobación ciudadana y escándalos políticos, la presidenta Dina Boluarte ha oficializado un incremento de su remuneración mensual a S/35.568, duplicando el sueldo que percibía hasta hace poco. La medida fue firmada por la propia mandataria y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, y se sustenta en la aplicación de la Ley del Servicio Civil (Ley N.° 30057).
El cambio ha generado polémica al considerarse una maniobra para superar el tope legal de S/26.000 que tradicionalmente regía bajo la Ley N.° 28212, la cual establecía que el jefe de Estado no debía ganar más que ningún otro funcionario público. Según la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez, el uso instrumental de la Ley Servir ha servido como excusa para que ministros y altos funcionarios también incrementen sus sueldos, amparándose en criterios técnicos y comparativos con otras naciones.
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Críticas desde el extranjero
La reacción internacional no se hizo esperar. El medio británico Reuters tituló su nota sobre el caso con la frase “It’s a joke” (Es una broma), reflejando la incredulidad de muchos ciudadanos peruanos. En su informe, destacan que el nuevo sueldo equivale a USD 10.000, es decir, casi 30 veces el salario mínimo en el Perú, lo que contrasta severamente con los elevados niveles de pobreza y desigualdad que atraviesa el país.
Además, el informe de Reuters menciona que Boluarte figura con apenas 2 % a 4 % de aprobación nacional, según las últimas encuestas de Ipsos y Datum, y recuerda su implicación en investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito y su responsabilidad política en las muertes ocurridas durante las protestas sociales del año 2023.
La BBC, por su parte, abordó el tema desde el ángulo de la impopularidad del gobierno. La periodista Vanessa Buschschlüter subrayó que Boluarte aplicó una metodología de comparación salarial regional para justificar la medida, lo cual, según críticos, carece de transparencia. También señaló que el Ejecutivo utilizó criterios de paridad de poder adquisitivo y referencia a sueldos altos del aparato estatal para validar el nuevo monto.
Reacciones en redes y en la calle
En las plataformas sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios calificaron el aumento como “escandaloso” y compartieron imágenes de actos simbólicos de rechazo, como el lanzamiento de huevos y piedras al vehículo presidencial en Arequipa, ocurrido semanas atrás. La ciudadanía percibe esta decisión como una afrenta en medio de problemas estructurales no resueltos como la inseguridad, la inflación y el limitado acceso a servicios públicos básicos.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que el nuevo salario busca equiparar la remuneración presidencial con los estándares regionales, tras un estudio que consideró los ingresos de jefes de Estado de 12 países latinoamericanos. Sin embargo, el momento político y social del país parece hacer que el argumento no convenza a la población ni a la opinión pública internacional.
(Con información de Infobae)