La presidenta Dina Boluarte enfrenta una nueva denuncia ante la Fiscalía de la Nación, esta vez por presunta traición a la patria, luego de haber suscrito el denominado Tratado de Alta Mar durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, realizada en Niza, Francia.
La denuncia fue presentada por el periodista C. Alfredo Vignolo G. del V., quien argumenta que el tratado implica una afectación directa a la soberanía marítima del país. Según sostiene, el acuerdo colisiona con el artículo 54 de la Constitución del Perú, que reconoce la soberanía y jurisdicción exclusiva del Estado sobre las 200 millas marítimas adyacentes a su costa.
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Tratado bajo cuestionamiento
El Tratado de Alta Mar, también conocido como BBNJ (por sus siglas en inglés), busca establecer un marco jurídico global para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas fuera de jurisdicción nacional. Se trata de áreas oceánicas más allá de las 200 millas náuticas que no están bajo la soberanía de ningún país, y que representan dos tercios de la superficie marítima del planeta.
El documento propone crear áreas marinas protegidas, regular la pesca, minería submarina, y garantizar un acceso equitativo a los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.
Polémica por supuesta cesión de soberanía
La denuncia contra Dina Boluarte alega que el acuerdo compromete la seguridad e integridad territorial del Perú, al ceder indirectamente derechos sobre el uso de sus recursos marítimos. Organizaciones empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Pesquería y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, expresaron su rechazo, argumentando que este tratado podría perjudicar al sector pesquero, el cual genera miles de empleos.
“El Gobierno no puede firmar tratados que afecten la seguridad alimentaria ni destruyan empleos formales”, señalaron en un comunicado conjunto.
Cancillería niega pérdida de soberanía
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Elmer Schialer y el exvicecanciller Hugo de Zela desmintieron las acusaciones. Ambos señalaron que el tratado no vulnera la soberanía marítima nacional, ya que no se aplica a las 200 millas reconocidas constitucionalmente.
“El Tratado de Alta Mar es un instrumento ambiental. El Perú no ha cedido ni un milímetro de soberanía”, dijo Schialer en entrevista con RPP. Por su parte, De Zela explicó que la confusión surge por el desconocimiento de las diferencias entre este tratado y la Convemar (Convención sobre el Derecho del Mar), a la cual Perú no está suscrito.
Reacciones políticas y legales
Aunque aún no se ha pronunciado un fallo judicial, la denuncia ha encendido el debate político en torno a los límites de la firma de tratados internacionales por parte del Ejecutivo. Algunos sectores solicitan al Congreso revisar la constitucionalidad de acuerdos suscritos por el Gobierno sin un proceso de consulta pública o legislativa previa.
(Con información de Infobae)