En el Perú, las deudas bancarias no son eternas. El Código Civil establece un plazo límite para que los acreedores puedan exigir su cobro: diez años contados desde el incumplimiento del pago. Transcurrido ese tiempo, el acreedor pierde el derecho de iniciar acciones judiciales, y el deudor puede liberarse legalmente de la obligación a través del proceso de prescripción de deudas.
Sin embargo, esta extinción no ocurre de manera automática. El deudor debe presentar una solicitud judicial para que un juez reconozca la prescripción. Solo entonces la deuda se extingue oficialmente. Este procedimiento puede ser complejo y requiere asesoría legal, por lo que no todos los deudores acceden a este beneficio.
La deuda se borra legalmente, pero no del historial
Aunque la prescripción elimina la obligación de pagar, no borra los antecedentes crediticios. Según Javier Mori, gerente legal de Equifax, las centrales de riesgo como Infocorp mantienen el registro de deudas impagas hasta cinco años después de haber prescrito judicialmente.
“Es importante entender que la prescripción no borra el rastro de la deuda en los sistemas financieros, y por lo tanto puede seguir afectando la calificación crediticia del deudor”, explicó Mori. Esto significa que, aunque el banco ya no pueda cobrar, la persona seguirá siendo vista como un cliente de riesgo, con dificultades para acceder a nuevos créditos, préstamos o hipotecas.
Por ello, la prescripción representa un alivio legal, pero no financiero: el deudor deja de enfrentar demandas o embargos, pero su reputación crediticia continúa dañada durante varios años.
Crece el endeudamiento personal en Perú
Datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) muestran que el endeudamiento promedio de los peruanos equivale al 29,4% de sus ingresos mensuales, impulsado por la pérdida del poder adquisitivo y la dependencia del crédito para cubrir gastos básicos.
Ante esta realidad, la prescripción surge como una salida legal para personas sobreendeudadas, aunque los especialistas advierten que debe considerarse una última opción, ya que implica un proceso judicial largo y no elimina los efectos crediticios.
Además, muchos ciudadanos desconocen este recurso o no pueden costear el trámite, lo que limita su acceso. En la práctica, solo una minoría logra completar la prescripción, mientras la mayoría sigue afrontando los efectos económicos y emocionales del endeudamiento.
Embargos salariales y límites legales
Antes de que ocurra la prescripción, los bancos pueden ejecutar embargos salariales para recuperar sus créditos. Según la ley, solo se puede embargar el sueldo cuando supera los S/ 2.575 mensuales, equivalentes a cinco Unidades de Referencia Procesal (URP). Esta medida busca equilibrar el derecho del acreedor con la protección mínima de los ingresos del trabajador.
No obstante, para muchos peruanos, esta retención representa un golpe directo a su estabilidad económica. Por ello, aunque el Código Civil limite el tiempo de cobro, el camino hacia la prescripción es largo y difícil, y el desafío posterior es recuperar la confianza del sistema financiero.