Un estado marcado por el dolor y la indiferencia institucional
Cada 30 de agosto, el mundo recuerda a las víctimas de desapariciones forzadas. En México, la efeméride adquiere un carácter urgente: el país es señalado por la ONU como escenario de un fenómeno “sistemático y generalizado”.
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Dentro del mapa nacional, Jalisco se ha convertido en el epicentro de la crisis, acumulando más de 15 mil denuncias de desaparición, con cinco municipios que concentran casi la mitad de los casos: Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá.
De acuerdo con el Sistema Estatal de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), existen 15,838 denuncias, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta 15,523. Detrás de estas cifras hay una realidad devastadora: 14,027 hombres y 1,811 mujeres permanecen ausentes.
Impunidad y capacidad selectiva: una justicia a medias
Colectivos de búsqueda han denunciado un patrón recurrente: la Fiscalía estatal despliega tecnología de rastreo, análisis de geolocalización y revisión de cámaras solo cuando un caso tiene cobertura mediática.
Estas herramientas demuestran que existen capacidades técnicas, pero también un interés desigual en la aplicación de la justicia.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) ha subrayado la urgencia de proteger a las familias, reconocerlas como aliadas en la búsqueda y aplicar protocolos inmediatos y diferenciados, especialmente en casos de mujeres, menores, personas con discapacidad y migrantes.
El rostro más vulnerable: mujeres y adolescentes
Las cifras más recientes confirman un incremento alarmante: entre 2023 y 2024, las desapariciones de niñas y mujeres en Jalisco aumentaron entre 20.5% y 23%.
Este fenómeno se vincula al reclutamiento de adolescentes a través de redes sociales y videojuegos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos criminales que operan con total impunidad en la región.
Una crisis nacional con fosas y cuerpos sin identificar
El problema trasciende los límites de Jalisco. En México existen más de 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes, morgues y universidades, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). A la par, más de 5,600 fosas clandestinas han sido documentadas en todo el territorio.
Expertos de la ONU advierten que, con los recursos actuales, se necesitarían 120 años para identificar todos los restos acumulados, sin contar los que aparecen día tras día.
Mientras tanto, la impunidad alcanza al 99% de los casos de desaparición, dejando a las familias atrapadas en un ciclo interminable de dolor, búsqueda y revictimización.
¿Un Estado ausente o cómplice?
La magnitud de la crisis en Jalisco y en el país revela un Estado incapaz de garantizar la verdad y la justicia.
La falta de voluntad política, la fragmentación institucional y la connivencia con el crimen organizado perpetúan un escenario en el que las víctimas y sus familias son quienes cargan con la responsabilidad de buscar a los desaparecidos.
Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, México enfrenta un recordatorio doloroso: la justicia no puede seguir siendo selectiva ni opcional.
Sin un cambio estructural en las instituciones de procuración de justicia, la impunidad seguirá siendo la norma y no la excepción.