La Mesa Directiva del Congreso de la República acordó por unanimidad suspender los viáticos, pasajes y asignaciones para congresistas y asesores durante las semanas de representación de enero, febrero y marzo de 2026, meses previos a las elecciones generales.
Aunque los legisladores deberán cumplir su labor representativa, no recibirán pagos adicionales por viajes ni transporte en ese periodo. Fernando Rospigliosi, titular del Parlamento, explicó que la medida busca proteger los recursos públicos en plena campaña electoral.
“Los congresistas tienen que seguir con su trabajo, pero sin ninguna de estas asignaciones”, indicó Rospigliosi en un video institucional. Añadió que esta decisión evita cuestionamientos y potenciales malos usos de fondos estatales en un momento políticamente sensible.
Cuestionamientos que impulsaron la medida
La propuesta surgió tras recientes críticas sobre la transparencia y desempeño de congresistas y asesores. Un reportaje de Cuarto Poder reveló que asesores del Congreso —Leticia Leyva Baylón, Jorge Llerena Portugal y Geraly Ulloa Depaz— participaron en actividades internas de Fuerza Popular durante el horario laboral, pese a estar en planilla y percibir sueldos superiores a S/ 3.500.
En algunos despachos, incluso se desconocía la identidad de estos trabajadores. Este caso abrió un debate interno sobre la fiscalización en el manejo de recursos humanos dentro del Legislativo.
Rospigliosi también enfrenta cuestionamientos legales
De forma paralela, el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo determinó que Rospigliosi incumplió funciones de control, al comprobarse el uso de una cámara institucional del Congreso en un evento partidario de Keiko Fujimori en Trujillo. El caso fue derivado a la Contraloría y al Ministerio Público.
El presidente del Congreso presentó una apelación ante el JNE, que ya fue admitida. Dependiendo del avance, el proceso podría derivar en sanciones administrativas o incluso acciones penales.
Con esta nueva disposición, el Parlamento busca contener críticas, marcar distancia del uso de bienes públicos con fines políticos y reforzar la vigilancia institucional en un año electoral decisivo.