El Congreso de la República no consiguió los votos necesarios para inhabilitar por diez años en la función pública al expresidente Pedro Castillo y a los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, ya condenados por conspiración para la rebelión tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La propuesta requería 68 votos, pero solo obtuvo:
- 44 votos contra Castillo,
- 54 contra Chávez,
- 42 contra Huerta.
Ninguna de las mociones se acercó al mínimo legal.
Un debate cargado de tensión
La sesión inició con la exposición de Ana Zegarra, quien presentó el informe de la Comisión Permanente, que acusaba a los implicados de infringir 18 artículos de la Constitución, incluyendo los que regulan la separación de poderes.
Luego, los acusados y sus defensas ejercieron su derecho a la palabra. Desde el penal de Barbadillo, Pedro Castillo negó los cargos y reiteró su versión de victimización:
“El 7 de diciembre simplemente hice una lectura, trasladando el clamor del pueblo peruano”.
Su abogado, Carlos Torres Caro, alegó que una nueva inhabilitación constituiría un doble castigo, recordando que la condena judicial ya incluye dos años de inhabilitación, además de once años y cinco meses de prisión.
Intervención polémica en defensa de Betssy Chávez
Los abogados de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla y Luis Barranzuela, generaron tensión tras usar un tono político y confrontacional. Noblecilla, en particular, insultó al exdictador Alberto Fujimori y al conjunto del Congreso, lo que provocó su expulsión inmediata.
“Señor, está usted insultando a un grupo del Congreso… retírese”, ordenó el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.
Huerta negó participación en actos ilícitos
El exministro Willy Huerta aseguró ante el Pleno que nunca participó en acciones ilegales y reafirmó su inocencia:
“Nunca estuve de acuerdo con nada”.
Golpe de Estado y sanción fallida
Aunque los tres ya fueron condenados por conspiración para la rebelión, el Congreso debatía añadir una inhabilitación adicional de diez años debido al impacto institucional del fallido golpe del 7 de diciembre de 2022.
Ese día, Castillo anunció la disolución del Congreso, la instauración de un “gobierno de emergencia excepcional” y la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. El acto fue calificado como golpe de Estado y desencadenó su inmediata destitución.
Finalmente, la falta de consenso parlamentario dejó sin efecto la iniciativa, cerrando un capítulo más en la prolongada confrontación política que surgió tras los hechos de 2022.