Congreso bajo fuego: informe revela cómo leyes recientes debilitan la lucha contra el crimen

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Human Rights Watch denuncia que el Parlamento favorece la impunidad mientras el país enfrenta una escalada sin precedentes de violencia y crimen organizado.

Perú atraviesa una crisis de seguridad profunda. El auge del crimen organizado, la violencia callejera, el tráfico ilegal de oro y la extorsión han colocado al país entre los más peligrosos de la región. Sin embargo, el principal obstáculo para enfrentar esta emergencia no solo está en las calles, sino en el propio Congreso de la República, según un reciente y contundente informe de Human Rights Watch (HRW).

Entre 2018 y 2024, los homicidios se incrementaron en 137 %, mientras que los casos de extorsión crecieron 370 % solo entre 2021 y 2023. A esto se suma el auge del oro ilegal como fuente principal de lavado de dinero. Pero la organización internacional de derechos humanos advierte que la inacción —y en muchos casos la obstrucción— del Congreso ha convertido la crisis de seguridad en una crisis política institucional.

Más de la mitad de congresistas investigados

Uno de los datos más alarmantes del informe es que más del 50 % de los parlamentarios están bajo investigación criminal por corrupción, lavado de activos, entre otros delitos. Esta situación ha derivado en una serie de reformas legislativas diseñadas para proteger a los propios congresistas y desmantelar mecanismos clave en la lucha contra el crimen.

¿Cómo el Congreso ha debilitado la justicia?

Según HRW, el Congreso ha aprobado leyes que reducen plazos de prescripción para delitos de corrupción a solo un año, facilitando la prescripción de procesos judiciales en curso, incluso aquellos contra altos funcionarios, como el expresidente del Legislativo.

Otras reformas denunciadas incluyen:

  • Restricción a testigos protegidos, exigiendo grabaciones en video de sus declaraciones, lo que desincentiva la colaboración con la justicia.
  • Obligatoriedad de presencia de abogados durante allanamientos, lo que permite a los implicados manipular pruebas antes de ser incautadas.
  • Prohibición de incautación de bienes ilícitos sin sentencia firme, permitiendo que los delincuentes oculten sus activos.
  • Designaciones arbitrarias de jueces y fiscales, debilitando la independencia judicial.
  • Destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia en medio de presiones políticas y sin el debido proceso.

Christian Campos Vásquez, del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia (ICEV), señala que estas medidas “desequilibran aún más un sistema ya colapsado por falta de recursos, personal y carga procesal”.

Represalias contra la supervisión y la prensa

El informe de HRW no se detiene en la justicia penal. Denuncia también la ofensiva contra organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales ya no pueden presentar demandas contra el Estado si reciben financiamiento extranjero, incluso cuando se trata de violaciones a derechos humanos o crímenes ambientales.

A esto se suma un proyecto de ley en marcha que endurece la penalización de la difamación, exige retractaciones en menos de 24 horas y facilita procesos judiciales contra periodistas, lo que HRW califica como un intento de censura legislativa.

El periodista Andrés Romaña destaca que estos ataques se dirigen contra los pocos mecanismos de control ciudadano que quedan. “Quieren impunidad judicial, blindaje político y silencio mediático. Es una tormenta perfecta”, advierte.

¿Qué está en juego?

Para HRW, las acciones del Congreso debilitan estructuralmente la capacidad del Estado para responder al crimen, permitiendo que redes ilícitas operen con mayor libertad y que funcionarios corruptos queden impunes. Mientras tanto, la ciudadanía sigue desprotegida frente a una ola de inseguridad creciente, extorsión, homicidios y violencia organizada.

El documento concluye que la regeneración institucional es urgente, pero será inviable sin presión social, periodismo libre y cooperación internacional. Los próximos meses serán decisivos para saber si Perú logrará recuperar el control democrático de sus instituciones o continuará su rumbo hacia el colapso institucional.

(Con información de Infobae)