La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler por el presunto delito de concusión, en el marco del caso Vacunagate.
La decisión fue adoptada con 11 votos a favor, 2 en contra y una abstención, durante la sesión realizada esta semana en el Parlamento.
Acusación por abuso de poder en el caso Vacunagate
El informe parlamentario sostiene que tanto Vizcarra como Mazzetti habrían abusado de sus cargos públicos para beneficiarse con dosis del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Según la exposición del secretario ponente Jorge Montoya Manrique, el exmandatario habría utilizado su posición para solicitar dosis a los investigadores del laboratorio chino, favoreciendo presuntamente a su entorno cercano.
En el caso de Pilar Mazzetti, se le atribuye una conducta similar dentro del equipo de investigación, al haber recibido la vacuna mientras ejercía como titular del Ministerio de Salud (Minsa).
“Existen indicios suficientes y razonables para acreditar la comisión del delito de concusión”, señala el documento aprobado por la Subcomisión.
Qué implica el delito de concusión
El delito de concusión, establecido en el artículo 382 del Código Penal peruano, sanciona a las autoridades que obligan o inducen a entregar dinero, bienes o beneficios aprovechando su cargo.
De confirmarse la acusación, ambos exfuncionarios podrían enfrentar una inhabilitación política y una pena privativa de libertad según determine el Poder Judicial.
Próximos pasos del proceso legislativo
Con la aprobación del informe, la Comisión Permanente deberá designar una Subcomisión Acusadora que sustente la denuncia ante el Pleno del Congreso.
Este grupo estará conformado por miembros actuales de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quienes asumirán la defensa de la acusación durante el debate parlamentario.
Otras denuncias evaluadas
Durante la misma sesión, la Subcomisión también evaluó otras denuncias constitucionales:
- La Denuncia 522, contra la congresista María Córdova Lobatón (RP), por peculado doloso, fue declarada improcedente.
- La Denuncia 540, contra Hilda Portero López (AP), por presunta concusión, fue desestimada al no cumplirse los criterios requeridos.
Asimismo, se abordó la Denuncia 403 contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Defensa Walter Ayala Gonzáles, vinculada a los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la PNP en 2022.
El delegado ponente Arturo Alegría García (FP) deberá presentar su informe final en un plazo de cinco días hábiles.
Contexto del Vacunagate
El caso Vacunagate estalló en 2021, cuando se reveló que más de 470 personas —entre ellas autoridades, funcionarios y familiares— fueron vacunadas irregularmente con dosis de Sinopharm destinadas a ensayos clínicos.
El escándalo provocó la renuncia de Pilar Mazzetti y un grave golpe a la credibilidad del gobierno de Vizcarra, quien también enfrenta otros procesos judiciales por cohecho y colusión.