Mientras Dina Boluarte lo defiende, el Congreso se alista para debatir su salida tras minimizar un caso que terminó con 13 mineros ejecutados. La impunidad política vuelve al centro del debate nacional.
La censura contra el premier Gustavo Adrianzén está cada vez más cerca de concretarse.
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22 congresistas ya firmaron la moción impulsada por Edward Málaga y Podemos Perú, que busca destituir al jefe del gabinete por su fallida respuesta al secuestro y posterior asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, región La Libertad.
Faltan solo 11 firmas para que la moción se presente oficialmente ante el Pleno.
El detonante fue su declaración del 30 de abril, donde negó la existencia de secuestros pese a que los familiares ya habían reportado la desaparición.
“No tenemos noticias de que se haya producido el hecho”, dijo en conferencia de prensa. Cuatro días después, los cuerpos fueron encontrados acribillados dentro de una galería minera.
La información ya estaba en manos de autoridades locales, pero no fue reconocida ni atendida a nivel central.
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El premier responde tarde, y mal
Tras la confirmación de la masacre, Adrianzén intentó corregir el rumbo, asegurando que solo replicó la versión oficial brindada por Minera Poderosa, que inicialmente no reconoció como suyos a los trabajadores desaparecidos. “Tal vez no supe ser claro”, dijo. Pero el daño ya estaba hecho.
El congresista Málaga fue enfático: “El premier tiene estas muertes en su haber”. Por su parte, Gladys Echaíz cuestionó que un premier no esté informado de un hecho de tal magnitud. “Si no sabe nada, entonces amerita la censura”, sentenció.
Boluarte lo respalda, pero la crisis se profundiza
La presidenta Dina Boluarte ha salido a defender a Adrianzén, advirtiendo que la rotación de ministros no soluciona los problemas estructurales del país, y citó el ejemplo del exministro censurado Juan José Santiváñez. “¿Con su salida se solucionó la inseguridad?”, preguntó, tratando de calmar la presión política.
Sin embargo, la reacción tardía del Ejecutivo frente al crimen en Pataz, sumada a la falta de liderazgo en momentos críticos, ha reavivado el debate sobre la eficacia, responsabilidad y rendición de cuentas en el más alto nivel del gobierno.
¿Cuánto más puede resistir un gabinete que niega lo evidente mientras el país entierra a sus muertos? La censura a Adrianzén no es solo una respuesta política: es un grito contra la impunidad y la indiferencia institucional.