La presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32387, que establece una reducción progresiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) del actual 18% hasta llegar al 14% en 2029. La medida —que entrará en vigor en 2026— incluye también un incremento del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) del 2% al 4%, con el objetivo de fortalecer el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y promover la descentralización fiscal.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que los fondos adicionales obtenidos por las municipalidades solo podrán usarse en proyectos de inversión pública, no en gasto corriente. Sin embargo, distintos gremios, el Consejo Fiscal y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han expresado su preocupación por el impacto que tendría esta decisión: más de S/ 10,000 millones menos en recaudación para el Estado en cuatro años.
Mira: Brevetes: conductores que superen esta edad ya no podrán renovar su licencia de conducir
¿Cómo se aplicará la reducción del IGV?
La disminución será progresiva, según la cuarta disposición complementaria final de la norma:
- 2026: IGV baja de 18% a 17.5%
- 2027: se reduce a 17%
- 2028: baja a 16.5%
- 2029: llegará a 14%
A la par, el IPM aumentará hasta el 4%, beneficiando directamente a los gobiernos locales. Para acceder a estos recursos, las municipalidades deberán cumplir requisitos técnicos y de planificación, como contar con al menos dos de los tres planes estratégicos exigidos por CEPLAN: el PDLC, el PEI y el POI.
¿Una reforma sin control del gasto?
Luis Arias Minaya, expresidente de la SUNAT, señala que aunque el MEF haya dispuesto que los fondos del FONCOMUN vayan exclusivamente a inversión, en la práctica no hay mecanismos reales que impidan su desvío a gasto corriente, como sueldos. “El dinero es fungible”, afirma. “Aunque llegue etiquetado para inversión, lo pueden compensar con otros fondos y usarlo para pagar salarios.”
Esto representa una renuncia del MEF al control fiscal, con posibles efectos sobre la calificación crediticia del país y la sostenibilidad del presupuesto. Arias Minaya advirtió que “el Gobierno actual está transfiriendo el ajuste fiscal al próximo, comprometiendo la estabilidad económica del país”.
Nuevas reglas para municipios y centros poblados
La ley también establece una moratoria de cinco años para la creación de nuevos municipios, con el fin de evitar la fragmentación administrativa. Además, las municipalidades de centros poblados recibirán transferencias equivalentes a 1.5 UIT, de las cuales al menos el 75% debe destinarse a servicios públicos delegados.
Si los alcaldes no realizan la transferencia de estos fondos, serán sancionados con suspensión de hasta 120 días. A la vez, los criterios de distribución del FONCOMUN se ajustarán, priorizando indicadores de pobreza, demografía y capacidad fiscal per cápita.
(Con información de Infobae)