Paro indefinido: la nueva ruta en llamas
Desde el domingo 14 de septiembre, el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu (FREDIM) ha convocado un paro seco indefinido que afecta distintos puntos claves de acceso a la ciudadela inca.
Las protestas arrancaron por la negativa de permitir la operación de 18 buses de la empresa San Antonio de Torontoy, autorizados por la Municipalidad Provincial de Urubamba para reemplazar a la empresa Consettur, cuyo contrato venció después de más de 30 años de monopolio.
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La ruta ferroviaria Ollantaytambo–Machu Picchu se encuentra bloqueada por manifestantes que colocan piedras y otros obstáculos en los rieles, particularmente en el sector de Qoriwayrachina (o Corihuayrachina).
Como consecuencia, PeruRail, Inca Rail y la concesionaria Ferrocarril Trasandino S.A. han suspendido temporalmente sus servicios.
Impacto económico: turismo atrapado, pérdidas reales
El paro ha paralizado múltiples actividades turísticas. Turistas quedan varados en Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes), al no poder continuar su trayecto en tren o buses. Restaurantes, hoteles, artesanías y comercios locales se enfrentan a cancelaciones masivas y cierres temporales.
Aunque no hay fuentes que confirmen cifras exactas al nivel publicado en algunas versiones periodísticas, medios locales reportan pérdidas millonarias día a día debido a la interrupción del servicio y la falta de ingresos del sector turismo.
New7Wonders advierte: ¿riesgo real de perder el título?
La organización New7Wonders ha emitido una advertencia pública: de no atenderse oportunamente los problemas estructurales de gestión, transporte, servicios al visitante y conflictos sociales, la credibilidad de Machu Picchu como una de las “Nuevas 7 Maravillas del Mundo” podría estar en riesgo.
Entre los factores señalados por New7Wonders se encuentran:
- la falta de coordinación institucional y de una gestión turística integral y sostenible;
- denuncias por irregularidades en la venta de boletos;
- aumento de precios no justificados;
- deficiencias en el transporte terrestre y ferroviario;
- conflicto persistente entre empresas operadoras y comunidades locales.
Respuesta oficial: promesas, reprogramaciones y tensión sin solución clara
- PeruRail y Ferrocarril Trasandino informaron que los servicios ferroviarios en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu–Ollantaytambo fueron suspendidos temporalmente por razones de seguridad, hasta que se despejen los bloqueos en la vía.
- Ambas compañías han ofrecido reprogramaciones y devoluciones de boletos sin penalidades.
- Consettur, por su parte, afirma estar “operando con normalidad” pese al paro, rechazando los llamados a detener sus actividades.
- Las autoridades locales (Municipalidad de Urubamba, Municipalidad Distrital de Machu Picchu) han sido criticadas por falta de transparencia, demora en coordinar el relevo del servicio de transporte, y por supuesta connivencia con intereses privados que se oponen al cambio.
¿Qué está en juego?
- Patrimonio histórico: Machu Picchu no es solo un atractivo turístico, es un patrimonio arqueológico que requiere conservación, protección y manejo sostenible. Si la situación se complica, podría haber daños físicos derivados del abandono, sobreuso o negligencia institucional.
- Imagen internacional: La advertencia de New7Wonders no es una declaración menor. Que una entidad global señale la posibilidad de perder la categoría de Maravilla del Mundo puede desencadenar efectos negativos en la percepción del destino, reducción de inversiones, y caída aún mayor del flujo turístico.
- Economía local: Familias, comuneros, trabajadores de turismo, artesanos dependen en gran medida de los ingresos generados por los visitantes. Un paro prolongado amenaza su sustento.
- Política pública y gobernanza: El conflicto pone en evidencia debilidades en el rol del Estado para supervisar concesiones, garantizar servicios básicos, negociar entre empresas privadas y comunidades, y asegurar que los contratos respondan a principios de equidad y legalidad.
Conclusión y llamado a la acción
Machu Picchu enfrenta un momento clave: la crisis que vive no solo es una disputa por quién opera un servicio de transporte.
Es una prueba sobre si el país puede equilibrar preservación patrimonial, desarrollo turístico, derechos de las comunidades, transparencia institucional y sostenibilidad.
El gobierno central, las municipalidades involucradas, las empresas concesionarias y las organizaciones comunitarias tienen la responsabilidad urgente de encontrar una solución — legal, transparente, participativa — que restablezca el orden, garantice la seguridad, restituya los servicios turísticos y proteja lo que Machu Picchu representa para el Perú y para el mundo.
(Con información de Infobae)