Una iniciativa que divide opiniones
El Congreso de la República debate el Proyecto de Ley N.° 12199/2025-CR, presentado por el legislador magisterial Segundo Teodomiro Quiroz Barboza (Perú Libre), que busca modificar el cálculo de los aguinaldos y la bonificación por escolaridad de los docentes de universidades e institutos públicos.
Mira: Ola de calor en Perú: Senamhi activa alerta naranja en Lima y 15 regiones
Actualmente, los maestros reciben S/300 por cada aguinaldo (julio y diciembre) y S/400 por escolaridad, cifras que se mantienen fijas para casi todos los servidores del Estado.
La propuesta plantea que, en lugar de montos estáticos, el beneficio se calcule en proporción al salario, lo que elevaría los pagos hasta S/4.000 en el caso de docentes principales.
De montos fijos a beneficios proporcionales
La iniciativa propone que:
- Los docentes universitarios reciban como aguinaldo y bonificación el 50% de su remuneración mensual ordinaria.
- Los profesores de institutos públicos tengan como referencia el sueldo básico de la primera escala docente.
- El pago sea progresivo: 30% el primer año, 60% el segundo, y 100% desde el tercero en adelante.
Con ello, un profesor universitario con sueldo de S/8.000 podría llegar a recibir S/4.000 adicionales por aguinaldo o escolaridad.
¿Una reforma justa o un beneficio personal?
El proyecto ha sido cuestionado por diversos analistas y sectores debido a que su autor, Segundo Quiroz, es docente licenciado en Educación y podría beneficiarse directamente si retorna a la cátedra al finalizar su mandato en menos de un año.
Además, el texto presenta inconsistencias:
- Cita cifras distintas de beneficiarios (70.000, 61.772 y 40.000), todas basadas en datos del 2018.
- No incluye un estudio fiscal que detalle el impacto presupuestal.
- Omite cómo universidades con limitaciones financieras absorberían este mayor gasto.
Comparaciones con otros regímenes
El argumento central es la “brecha de trato” frente a sectores como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, jueces y fiscales, cuyos beneficios se calculan en función del salario y superan los S/3.000.
Sin embargo, críticos advierten que esta comparación ignora la realidad presupuestal de universidades e institutos, muchas con restricciones para financiar incluso sus actuales planillas.
Contexto político y riesgos fiscales
El proyecto fue ingresado al Congreso el 22 de agosto de 2025 y deberá pasar por las comisiones de Educación y Presupuesto.
Sin embargo, en un Parlamento que en los últimos años ha aprobado normas con alto impacto fiscal y poco sustento técnico, no se descarta que llegue al Pleno sin un análisis exhaustivo.
Con elecciones cercanas y el cierre de la legislatura, surgen dudas legítimas:
- ¿Se busca realmente justicia para el magisterio?
- ¿O se trata de una medida populista que favorece a congresistas-docentes como Quiroz?
El planteamiento responde a un reclamo histórico de los docentes universitarios y de institutos, pero peca de falta de rigor técnico y transparencia.
Sin un estudio fiscal serio ni cifras actualizadas de beneficiarios, la iniciativa corre el riesgo de convertirse en una promesa insostenible que agrave los problemas presupuestales de la educación pública.
El debate recién comienza, pero la pregunta queda abierta:
¿Se trata de una reforma necesaria para dignificar la labor docente o de una ley hecha a la medida de su propio autor?