La sentencia del TC limita la aplicación automática y retroactiva de la extinción de dominio sin condena penal. Políticos procesados como Alejandro Toledo, Vladimir Cerrón y la familia de Alan García ya preparan solicitudes de devolución.
El Tribunal Constitucional (TC) emitió una decisión que reconfigura el uso de la extinción de dominio en el Perú: declaró inconstitucional dos numerales clave del Decreto Legislativo 1373, norma que desde 2018 permitía al Estado incautar bienes sin necesidad de una condena penal firme.
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Con este fallo, el máximo órgano constitucional establece que la extinción de dominio no puede aplicarse de manera automática ni retroactiva cuando no existe prueba suficiente del origen ilícito de los bienes ni vínculo directo con delitos graves, como lavado de activos, corrupción o narcotráfico. Además, exige que el procedimiento respete el debido proceso penal.
¿Qué cambia con esta sentencia del TC?
La decisión implica que el Estado ya no podrá confiscar propiedades o activos solo por presunciones, ni tampoco por hechos anteriores a la entrada en vigor de la norma si no se acredita una conexión directa con actividades criminales.
El TC sostuvo que se debe presumir la licitud de los bienes, y no corresponde trasladar al afectado la carga de probar su inocencia sin proceso penal. Según el abogado penalista Andy Carrión, esta decisión “redefine los límites” de esta figura legal y tendrá impacto inmediato en casos de alto perfil.
Toledo, Cerrón y García: los primeros beneficiados
Tras la publicación de la sentencia, la defensa del expresidente Alejandro Toledo anunció que pedirá el archivo definitivo del proceso de extinción de dominio sobre los inmuebles adquiridos antes de 2018. Entre ellos figura su casa de Camacho en Surco y una propiedad en Punta Sal, Tumbes. El abogado Roberto Su confirmó que solicitarán la nulidad del procedimiento que estaba en fase de actuación probatoria.
Por su parte, Erasmo Reyna, abogado del fallecido Alan García, también solicitará el archivo del proceso contra los bienes del exmandatario. Argumentó que García nunca fue formalmente procesado, y que la incautación de su vivienda en Miraflores, así como de otras propiedades, violó el principio de legalidad.
Asimismo, esta resolución podría tener repercusiones inmediatas en el caso del prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, cuyo proceso de extinción de dominio implicó la incautación de S/1.6 millones. Cerrón, procesado por casos como Los Dinámicos del Centro, La Oroya y Antalsis, podría beneficiarse si no se le imputa el delito de organización criminal con pruebas concluyentes.
Una sentencia con nombre propio
Cabe recordar que la demanda que originó este fallo fue presentada por Josué Gutiérrez Cóndor, actual defensor del Pueblo y exabogado del mismo Cerrón. Con esta decisión también se favorece a la empresa de su hermana, Multiservicios y Constructora J. J. J. Cruz, que solicitó el archivo de una demanda de extinción en su contra.
La sentencia genera controversia, ya que limita una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y podría derivar en la devolución masiva de activos incautados sin sentencia penal.
(Con información de Infobae)