Tráfico de influencias. El caso de Russell Robles, exabogado de Andrés Hurtado, ha desatado una fuerte polémica tras admitir que recibió $20,000 para sobornar al juez supremo Juan Carlos Checkley. Sin embargo, en lugar de cumplir con el supuesto propósito del dinero, lo utilizó para pagar deudas personales. Ahora, enfrenta cargos que podrían costarle su carrera y su libertad.
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Acusaciones y posible inhabilitación
Según la declaración de Robles ante la Fiscalía, el dinero le fue entregado el 7 de diciembre de 2024 en su departamento en San Borja. Aunque no concretó el soborno, especialistas en derecho advierten que el delito de tráfico de influencias no requiere que la influencia sea real para ser sancionado. Por esta razón, Robles no solo podría ser inhabilitado profesionalmente, sino también condenado a prisión.
El abogado Dino Carlos Cora explicó que la normativa penal castiga incluso a quienes simulan tener influencias para obtener beneficios económicos. “No se necesita que la influencia exista. El solo hecho de invocarla con un fin ilícito ya constituye delito”, indicó Cora, citando el artículo 400 del Código Penal.
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Fiscalía evalúa cargos adicionales
El caso no se limita solo al tráfico de influencias. La Fiscalía podría imputar a Robles por cohecho, delito tipificado en el artículo 398 del Código Penal. Esta figura contempla penas de entre 5 y 8 años de prisión para abogados involucrados en corrupción, además de sanciones económicas e inhabilitación permanente.
El penalista Ricardo Elías Puelles advirtió que, antes de cualquier condena, Robles deberá enfrentar un proceso ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados. Este organismo evaluará las pruebas y determinará si procede una sanción ética, que podría derivar en su expulsión del gremio profesional.
¿Prisión e inhabilitación permanente?
El abogado Jorge Zúñiga señaló que, además de la pena privativa de libertad, Robles podría ser inhabilitado de manera definitiva para ejercer en el sector público. Según explicó, el Decreto Legislativo 1295 permite imponer sanciones permanentes a profesionales involucrados en actos de corrupción.
Por su parte, el especialista Miguel Reyes comparó el caso con una práctica conocida como “vender humo”, en la que se simula tener influencias para obtener dinero. Según Reyes, Robles aseguró que podía interceder ante el juez Checkley para evitar una prisión preventiva, pese a no tener ninguna relación con él.
“El Código Penal sanciona este tipo de fraudes porque atentan contra la confianza en el sistema judicial. Además, el Consejo de Ética del Colegio de Abogados debería intervenir de oficio”, concluyó Reyes.
Futuro incierto para Robles
El escándalo ha puesto en la mira no solo a Robles, sino también a Andrés Hurtado, quien deberá responder si efectivamente entregó el dinero con fines ilícitos. Mientras tanto, la Fiscalía sigue recabando pruebas que podrían definir el destino del abogado, cuyo futuro profesional y personal pende de un hilo.
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